SINDICATO DE INQUILINAS E INQUILINOS DE MADRID.

Bajo el lema ‘Se acabó: bajemos los alquileres’, para mostrar el hartazgo de las vecinas de la capital

Para los Sindicatos de Inquilinas del Estado, el rechazo del Congreso a admitir a trámite su proposición de ley de regulación de alquileres temporales el pasado martes 17 de septiembre fue “la gota que colma el vaso de la rabia y la frustración” ante una situación en la que una mayoría social lleva demasiado tiempo pagando la crisis de la vivienda, mientras una minoría se enriquece a costa de su esfuerzo y su trabajo.

Los caseros y los rentistas son culpables de esta situación. Es por eso que, a juicio de los sindicatos, es el momento de que las inquilinas e inquilinos den un paso al frente e inicien una escalada de movilizaciones hasta desembocar en una huelga de alquileres capaz de forzar a los rentistas a reducir el precio de los alquileres hasta un 50%, de tal forma que el inquilinato pueda destinar a la vivienda como máximo un tercio de sus ingresos mensuales (actualmente el porcentaje supera el 60%). Los sindicatos recuerdan que la huelga de alquileres es una herramienta de lucha legalmente reconocida en varios países de nuestro entorno y que, de hecho, ya viene siendo empleada de manera real en sus conflictos contra fondos buitre.

En Madrid se ha acabado la paciencia y el Sindicato llama a tomar las calles

El Sindicato de Inquilinas recuerda que en la Comunidad de Madrid los fondos buitre poseen decenas de miles de viviendas que les regaló y vendió el Gobierno autonómico madrileño. Por ello, es fundamental expropiarlas y recuperarlas para que pasen a estar bajo gestión y control de las vecinas que las habitan.

Al mismo tiempo, desde la organización de inquilinas e inquilinos también exigen que se cierren todos los pisos turísticos, que cifran en más de 17.000 en la ciudad de Madrid, y la necesidad de recuperarlos para viviendas habituales. Lo mismo reclaman con las más de 180.000 viviendas que se encuentran vacías en la Comunidad de Madrid.

La patronal inmobiliaria y todas sus instituciones y aliados repiten continuamente el mantra de la necesidad de la construcción de viviendas para aliviar la situación. Desde la organización sindical señalan que esto es un error, tanto a nivel social como climático, puesto que no se trata de una cuestión de falta de oferta sino del uso de las viviendas ya existentes. El uso antisocial de las viviendas, ya sea dedicadas al turismo, a la especulación rentista o a mantenerlas vacías, es el principal problema estructural al que nos enfrentamos como sociedad.

De igual manera, los desahucios siguen siendo una problemática real para quienes no tienen control sobre su vivienda, alcanzando los 82 diarios durante el primer trimestre de 2024 mientras el Gobierno central asegura haber terminado con ellos. Es por ello que desde el Sindicato se manifiestan para acabar con todos los desahucios y también para exigir la desarticulación de todas las empresas de desokupación que aterrorizan con métodos mafiosos y paramilitares a las familias más vulnerables.

El Sindicato constata que hoy la crisis de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid y en toda España es mucho más grave que hace cinco años, y responsabiliza de ello tanto al Gobierno central, por el reiterado incumplimiento de su programa de gobierno, como al Gobierno autonómico madrileño y los Gobiernos municipales por su absoluta dejadez de funciones y sus políticas pro-inmobiliarias.

Los sindicatos exigen la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez

Considerando que el sufrimiento de millones de personas no puede quedar impune, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid y el Sindicat de Llogateres se exige la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez García por ostentar la más alta autoridad en la materia, así como por su responsabilidad personal y directa en el absoluto fracaso que ha supuesto la Ley de Vivienda hasta la fecha. Lamentablemente, todas y cada una de las preocupaciones mostradas por los sindicatos en relación a la ineficacia de la norma, desde el inicio de su tramitación hasta su eventual desarrollo reglamentario, se han visto confirmadas: es una ley diseñada para ser ignorada por la mayoría de las comunidades autónomas; esquivada por los rentistas, incluso en los territorios donde supuestamente se aplica; e incumplida por las inmobiliarias, todo ello con completa impunidad mientras se sigue cargando el peso de esta situación insostenible sobre las espaldas de las inquilinas.

Por todo ello, los sindicatos de inquilinas se están preparando para salir a las calles. La primera gran protesta la convoca el Sindicato de Inquilinas de Madrid el 13 de octubre, y hace un llamamiento masivo a la movilización y a la organización popular posterior para conquistar una bajada inmediata de los precios del alquiler, recurriendo si es preciso a una huelga general de alquileres.  El 13 de octubre, las vecinas de Madrid demostrarán que no están dispuestas a someterse al chantaje de los rentistas ni a seguir aceptando las mentiras de los políticos a su servicio.