La Asociación Romi Serseni desde 1991 viene desarrollando actividades de intervencioón en diferentes a ámbitos, potenciando la inclusión social del pueblo gitano, mediante actividades de carácter intercultural, de conciliación de la vida laboral y familiar y de fomento de la igualdad de oportunidades, educación y salud. Se difunden los valores de tolerancia, la prevención del absentismo escolar, la sensibilización en materia de violencia de género y el fomento de la formación y la inclusión socio laboral.
La violencia de género es uno de los problemas sociales y de salud pública más grave y complejo. En el caso concreto de las mujeres inmigrantes, en España, según los datos aportados por el Instituto de la Mujer, la tasa de violencia de género es cinco veces superior a la de las mujeres españolas. El caso de las mujeres inmigrantes presenta una problemática aún más compleja, si cabe, debido a la especial vulnerabilidad de este colectivo: si en general las mujeres víctimas de malos tratos sufren durante años en silencio, la violencia ejercida contra las mujeres inmigrantes suele ser todavía más encubierta e invisible, debido a las dificultades económicas, sociales, lingüísticas y administrativas.
Para romper un vínculo violento es fundamental contar con apoyo familiar, social e institucional. Muchas de estas mujeres carecen de redes próximas de apoyo y han sufrido un fuerte proceso de desarraigo. Se encuentran solas en un medio nuevo en el que con frecuencia son víctimas de incomprensión cultural y social. Dependiendo del lugar de origen, muchas de estas mujeres se encuentran en el país de acogida con barreras lingüísticas les impiden desarrollar redes sociales. El apoyo social es un recurso importante a la hora de hacer frente a las adversidades, por lo que el aislamiento social favorece la violencia de género.
La realidad socioeconómica en la que viven las mujeres inmigrantes está doblemente condicionada: a las dificultades encontradas para acceder al mundo laboral por el hecho de ser mujer, hay que sumarle los obstáculos que encuentran por el hecho de ser inmigrantes. Estas mujeres ocupan nichos laborares como el servicio doméstico, la hostelería, empresas de limpieza o agricultura, trabajos que se caracterizan por bajas retribuciones, con insuficiente o inexistente protección social.En general, son puestos con nulo prestigio, atomizados y con escasa presencia sindical. Como podemos observar, en estas condiciones el empleo no es una herramienta de promoción social que fomente las relaciones interpersonales. Además, esta situación laboral dificulta la posibilidad de acceder a una independencia económica de sus parejas, requisito prácticamente indispensable para poder romper el círculo de violencia.
Para aquellas inmigrantes que no tienen su situación regularizada, interponer una denuncia supone mostrar su situación legal; en muchas ocasiones el miedo de ser expulsadas del país les disuade a hacerlo. Además de su propia situación administrativa, valoran también la de su pareja, y las repercusiones que tendría una posible denuncia. Otra situación que les puede influir es si han iniciado un proceso de reagrupación de sus hijos, temiendo que al decretarse una orden de protección y al dejar de residir juntos los cónyuges, se desestime su petición de reagrupación familiar.
También es habitual que a las mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular se les deniegue el acceso a los centros de emergencia y a otros recursos destinados a apoyar y proteger a mujeres víctimas de violencia en el hogar, tal como vienen denunciando diferentes asociaciones. En relación con lo anterior, encontramos también, en este caso, la barrera lingüística en el acceso a la justicia de las mujeres inmigrantes maltratadas cuando no se garantiza la presencia de un intérprete; quienes no dominan el idioma tienen que acudir al juzgado sin posibilidad de comunicarse ni comprender plenamente el proceso y el discurso jurídico. La práctica ha demostrado la necesidad que estas mujeres tienen de ser asesoradas por alguien con formación especializada que les permita conocer la situación psicológica en la que se encuentran inmersas, antes de la toma de decisiones.
Las entidades sociales de los barrios, somos las encargadas de proporcionarles una visión de tranquilidad y normalidad a cada una de sus situaciones, ya que no exigimos nada, simplemente escuchamos y reaccionamos. Nuestra ayuda es imprescindible para ellas, siempre desde el respeto y la mediación cuando la necesiten. Por ello estas jornadas aglutinarán a mujeres de diferentes países, con dificultades parecidas.
Para estas II Jornadas tenemos prevista la participación de la Asociación APALCE (Asociación para la protección y asistencia legal a la Comunidad China en España), ACHES (Asociación de Chilenas y chilenos en España), ADCIL (Asociación de Desarrollo Comunitario Intercultural “Link workers”) y una representación de la comunidad gitana inmigrante en España a través de la ponente Daniela Radu. Es necesario que mujeres de diferentes lugares del mundo se encuentren en una jornada con un mismo sentir la prevención de la violencia de género. A estas mujeres les une un mismo barrio, unas mismas condiciones socio-económicas, baja cualificación profesional, bajo nivel educativo. La reflexión y el análisis de sus historias de vida las hacen sentirse menos solas ante situaciones similares.
