En mayo, las calles del madrileño barrio San Cristóbal de los Ángeles acogerán el festival de Artes Escénicas “Salvaje”.
SALVAJE no es solo una propuesta escénica, es la oportunidad de generar otro orden de cosas, de mostrar allí algo que de otro modo jamás hubiera ocurrido, de declarar un estado de excepción, de poner a prueba el carácter rabioso, vital y salvaje de un barrio a las afueras de Madrid. Se exhibirán 3 obras de creadores de talla internacional como Roger Bernat, El Conde de Torrefiel y Emilio Rivas donde los vecinos se convertirán en necesarios colaboradores y protagonistas.
Calendario del festival:
Viernes 08 Mayo a las 20.00 horas [ Domini Public de Roger Bernat ]
Sábado 09 Mayo a las 20.00 horas [ Observen cómo el cansancio derrota al pensamientode El conde de Torrefiel ]
Domingo 10 Mayo a las 20.00 horas [ Take a walk on the wild side de Emilio Rivas ]
Este festival ha sido organizado y comisariado por el colectivo de artes escénicas La Tristura con jóvenes aprendices del curso de Gestión Cultural de Autobarrios San Cristóbal.
Impulsado y gestionado por Basurama, Sarah Fdez Deutsch, Casa San Cristóbal Fundación Montemadrid, Educación Cultura y Solidaridad y la Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal, Autobarrios San Cristóbal es la historia de un proceso colectivo de reactivación de un lugar abandonado mediante la construcción de un espacio cultural al aire libre, llevado a cabo por y para los jóvenes y vecinos del barrio.
“Es la hora del rescate social” era el título de un artículo firmado por Xavier Vidal-Folch. Y escribía sobre rentas mínimas, renta básica y la ILP propuesta por las direcciones de CCOO-UGT. Al margen de lo que substantivamente defendía, que es lo que vamos a discutir a continuación, proponía discutir “sin gritos”. Es cierto que con gritos nadie se aclara y, para qué vamos a ocultarlo, sobre la renta básica, hemos podido leer a lo largo de las últimas semanas y meses gran cantidad de textos que más que gritos son exabruptos histéricos. Argumentemos para lo que pueda servir.
No vamos a entrar en detalle con la propuesta de CCOO y UGT. Solamente apuntaremos que respecto a lo que hoy existe, su propuesta… mejoraría para algunas personas la situación. Respecto a lo que creemos que se necesita realmente… es una propuesta insignificante por minúscula. Ellos sabrán hasta donde quieren llegar, pero parece ser que a no muchos palmos de donde nos encontramos.
Es una pena que cada vez sorprenda menos esta incapacidad de buena parte de la izquierda de hacer propuestas tan “arriesgadas” como ponernos en el promedio europeo de presión fiscal (el Reino de España está siete puntos por debajo) o reducir el índice de desigualdad para dejar de estar entre los 5 países de la UE más desiguales.
Pero lo que nos interesa ahora es discutir alguna de las afirmaciones que ofrece Xavier Vidal-Folch en el artículo mencionado. Dice el autor:
“[Las] propuestas de “renta mínima” nacen de una misma inquietud social que las fórmulas de “renta básica universal”. Pero difieren en que se concentran en quienes las necesitan, y en que exigen requisitos. Por el contrario, la “renta básica” se otorgaría a todos los ciudadanos sin excepción: de Ana Patricia Botín al último mendigo. Solo que al final, en el IRPF, Ana Patricia se pagaría la suya y las de unos cuantos más, por aumento de la presión fiscal.”
No somos ni muchos menos de la misma opinión. Veamos por qué. Las inquietudes sociales (por utilizar los mismos términos) de los partidarios de las rentas mínimas y de la renta básica, aunque pueden coincidir obviamente en algunos aspectos, son diferentes. Las personas que defienden las rentas mínimas quieren acabar con la pobreza, o hacer frente a las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos o maltratados por las políticas económicas puestas en marcha especialmente a partir de la crisis económica. Las personas partidarias de la Renta Básica (si bien hay que ser prudentes: “personas partidarias de la Renta Básica” las hay de signo filosófico, social, económico y político muy diferente, con lo que mejor curarnos en salud y decir que lo que estamos afirmando lo pensamos nosotros, no “las personas partidarias de la Renta Básica”) difieren de los anteriores en al menos dos puntos muy importantes porque son de la opinión que: 1) las rentas mínimas no son una buena herramienta para afrontar lo que quieren afrontar, y 2) la Renta Básica pretende sí, efectivamente, la erradicación de la pobreza, pero tiene otros objetivos ambiciosos, como es señaladamente el incremento de la libertad de la mayoría de la población no rica. Este último punto queda lejos de los objetivos de las rentas mínimas o de garantías de rentas. (…)
Los parquímetros de Madrid cobrarán según lo que contamine el coche Ayto. de Madrid
Los parquímetros de Madrid cobrarán según lo que contamine el coche Ayto. de Madrid
Las concesionarias fueron penalizadas con 558.192 euros por no cumplir con los parámetros previstos y los usuarios consideran un sistema complicado.
Las cuatro empresas concesionarias del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) inteligente fueron penalizadas con 558.192 euros, cantidad que se han descontado de las facturas entre el 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre, por no cumplir con los parámetros previstos, ha destacado este martes la directora general de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid, Elisa Barahona, en la última comisión del ramo de la legislatura.
Son 300.000 las transacciones que se hacen a diario con el SER inteligente. Para Barahona, la valoración del contrato integral de movilidad es «muy positiva», con un modelo «pionero en el mundo», con «más prestaciones al usuario y más equitativo y eficaz».
Entre las ventajas para el usuario ha citado el pago por móvil y el monedero electrónico mientras que entre las de la Administración ha señalado el «mayor control de la indisciplina». La lectura que ha hecho la socialista Ruth Porta ha sido diametralmente opuesto.
«Es un galimatías, se tarda mucho en sacar el tiquet, se averían mucho y se quedan demasiadas veces fuera de servicio porque parece que los parquímetros no están preparados para determinadas inclemencias del tiempo», ha criticado.
A eso ha sumado que «se apagan y otros se quedan fuera de conexión», además de «los fallos en el pago con tarjeta», algo de lo que habla en primera persona, como usuaria.
Tampoco ha dudado en asegurar que «aceptan cualquier matrícula, aunque sea falsa». Su resumen es que los madrileños son «los paganinis» de un «desastre» que ha sido «la mayor demostración de que esto de pagar por objetivos es un fraude ruinoso».
La directora Barahona ha concretado que algunos de los parquímetros que aparecen como no conectados están así por «estar cerca de inhibidores».
Los ha reducido a «diez en toda la ciudad», como el que está próximo a la embajada de Estados Unidos. Ha recordado que si los parquímetros no funcionan «se penaliza a las empresas».
En cuanto a que acepten matrículas falsas, como ha asegurado Ruth Porta, la directora ha contestado que no es cierto, sino que es un sistema que permite recoger «matrículas extranjeras».
Varios activistas de Stop Desahucios Villaverde han interrumpido el mitin que las candidatas del PP madrileño estaban ofreciendo en ese barrio al grito de «fuera» o «no toleramos un desahucio más».
Las candidatas del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, han sufrido este martes un escrache por parte de Stop Desahucios Villaverde mientras daban un mitin en ese barrio madrileño. Tanto Aguirre como Cifuentes les han invitado a subir al escenario para que pudieran usar el micrófono y expresar así sus protestas, según informa la agencia EFE.
Cuando varios asistentes al acto del PP intentaban acallar los gritos del grupo de vecinos, Esperanza Aguirre, que en ese momento estaba haciendo uso de su turno de palabra, ha pedido que subiera al atril todo aquel integrante del grupo que quisiera hacer públicas sus reivindicaciones. «Tú que haces esa señal tan obscena, te cedo el micrófono con mucho gusto», ha ofrecido, mientras se escuchaba de fondo gritos como «fuera», «150 desahucios al día» o «no toleramos un desahucio más».
Un joven ha aceptado la oferta y ha asegurado que lo que ha ocurrido durante la protesta – en referencia a la dificultad para oír a los políticos del PP- es «lo mismo» que los Gobiernos han hecho durante «cuatro años, en los que no han escuchado a Stop Desahucios o a las asociaciones de vecinos». «No me sirve que me subáis aquí para ganar unos cuantos votos. Villaverde es un barrio obrero. Seguimos en lucha», ha proseguido el joven.
Acto seguido, Aguirre le ha contestado que, por mucho que le duela, «el PP ganó las últimas elecciones en Villaverde y fue el partido que, a diferencia de Gobiernos anteriores, logró que el metro llegara al distrito». Además, la candidata al Ayuntamiento de Madrid ha acusado a los activistas de chillar porque no tienen «argumentos para debatir».
Cristina Cifuentes también ha invitado a subir y hacer uso del micro, que una joven ha aprovechado para acusar a Aguirre de la muerte de una persona próxima a ella debido a los recortes en Sanidad. «La democracia es ir a votar, salir a la calle y hablar con los vecinos sin imposición y no reventar el acto preelectoral», ha dicho la candidata popular a la Comunidad de Madrid.
«Los desalojos no los autorizo yo. Yo estoy completamente en contra de los desahucios y quiero llegar a acuerdos con las entidades bancarias», ha terminado la ex delegada del Gobierno en Madrid.
En el Campeonato de Madrid Judo Cadetes han participado tres alumnos del Club GIMNASIO CASTILLA, clasificándose todos ellos para el Campeonato de España que se celebrará del 8 al 10 de Mayo en Jaca ( HUESCA ).
Iván Fernandez Arias -46 Kg CAMPEÓN. Realizó tres combates con victoria en todos. Héctor Blanco Vicente -55 Kg TERCER PUESTO. Realizó cuatro combates, perdiendo en el pase a la final. Sara Chavero Espada -57 Kg TERCER PUESTO. Realizó cuatro combates, perdiendo en el pase a la final.
Los resultados de la Copa De España Lucha Sambo Senior y Cadetes, en el que han participado cinco alumnos del CLUB GIMNASIO CASTILLA, una competición de nivel internacional.
Amanda Blanco Vicente –52 kg ORO Héctor Blanco Vicente –54 kg ORO Sara Chavero Espada –57 Kg ORO Maria del Valle Miguel Honrubia –63kg PLATA Antonio Santos Bermejo –81 kg BRONCE
Cientos de miles de personas sin tarjeta sanitaria, ausencia de evaluación del impacto en sus vidas y caos organizativo consolidan la exclusión sanitaria.
El anuncio del Gobierno sigue sin plantear reformas legislativas que garanticen el derecho a la salud para todas las personas sin discriminación.
Tres años después de su aprobación, el Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL) sigue violando los derechos humanos de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Desde la entrada en vigor del RDL, 748.853 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno. Unos datos que rebajan la cifra inicial de 873.000 personas afectadas, pero sin aportar claridad sobre dicha variación. Sólo 730 personas habrían suscrito convenios especiales hasta diciembre de 2014, que les obligaría a pagar entre 60 y 157 euros mensuales por recibir atención sanitaria.
El Gobierno no ha publicado ninguna evaluación sobre los efectos que esta reforma está teniendo en el derecho a la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables, y en especial en las mujeres. Tampoco sobre el efecto que el potencial impacto disuasorio de la reforma está teniendo en el acceso a centros médicos por parte de la población inmigrante en situación irregular.
La aplicación dispar del RDL en las Comunidades autónomas y la falta de información del personal médico sobre la normativa a aplicar ha agudizado el impacto negativo de esta reforma. Algunas comunidades han desarrollado sus propios programas o sistemas para ampliar la cobertura contemplada por el Real Decreto (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia o Comunidad Valenciana). Otras han elaborado su propia normativa (País Vasco y Navarra). Algunas han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional contra el RDL (Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias, País Vasco y Navarra). Y otras han aplicado el Real Decreto-ley mediante instrucciones o circulares administrativas (Madrid, Baleares, Castilla La Mancha).
Esta disparidad se ha traducido en caos administrativo. Amnistía Internacional ha constatado como en algunos centros se siguen cobrando servicios de urgencias o se deniega el acceso a la atención sanitaria de personas que estarían cubiertas por el RDL.
El anuncio del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso de que las personas migrantes en situación irregular volverán a tener acceso a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud es algo que Amnistía Internacional valora como un paso en la buena dirección. Sin embargo, no concreta ninguna reforma legislativa que garantice el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación.
«Nos preocupa que este anuncio se haga para despejar las urgencias y no porque el acceso a la salud sea considerado un derecho humano. Detrás de esto se esconde el argumento de que las personas inmigrantes realizan un uso excesivo de las urgencias. Una acusación sobre la cual el Gobierno no ha presentado ninguna evidencia, y que ha sido rebatida por numerosos informes técnicos”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Estas son las principales conclusiones del informe: «Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana», que Amnistía Internacional ha presentado hoy. La investigación se ha centrado en Castilla La Mancha por ser una de las comunidades que con mayor contundencia ha aplicado el RDL y en la Comunidad Valenciana que pese a poner en marcha un programa especial para las personas excluidas del sistema sanitario, no ha restituido la universalidad del derecho a la salud.
Obstinada negación de garantizar el derecho a la salud sin discriminación
Amnistía Internacional ha recordado en numerosas ocasiones la obligación del Estado español de respetar el derecho a la salud. Ha considerado que esta reforma es discriminatoria y regresiva y que vulnera los estándares internacionales de derechos humanos que debe cumplir España.
Sin embargo, en estos tres años, escudándose en argumentos económicos y de fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria, el Gobierno no ha cumplido las recomendaciones de casi una decena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que calificaron esta reforma de «novedad lamentable» o «contraria al principio de no discriminación» y que instaron al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud. Pero tampoco, a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, a la oposición de la sociedad civil y del sector sanitario. El Ejecutivo ha rechazado al menos en cuatro ocasiones en el Congreso de los Diputados iniciativas legislativas sobre la universalidad del derecho a la salud. Y ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra las legislaciones de aquellas Comunidades autonómicas (País Vasco y Navarra) que han intentado ampliar la cobertura sanitaria del RDL para garantizar el derecho a la salud.
La reforma sanitaria en Castilla La Mancha
Aïcha llegó a España en 2010 procedente de Marruecos. Le diagnosticaron diabetes, considerada enfermedad crónica. Cada mes tenía controles médicos, hasta que en noviembre de 2012 no pudo renovar su tarjeta sanitaria. Desde entonces no ha tenido seguimiento, sólo compra medicamentos cuando sus hijos (actualmente en paro) pueden comprarlos. Su hijo Mustafá comenta: «Me han dicho que si vamos a Toledo, nos van a cobrar. Y no tenemos dinero para pagarlo».
No existen datos del número de personas que se han quedado sin tarjeta sanitaria en esta comunidad. En Castilla La Mancha, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, no se ha desarrollado ningún tipo de programa para la atención sanitaria más allá de lo previsto por el RDL, ni siquiera para personas con bajos recursos, tampoco para enfermedades infectocontagiosas.
El Real Decreto-ley garantiza la asistencia sanitaria en urgencias hasta el alta médica, sin embargo, las personas migrantes en situación administrativa irregular dejan de tener atención una vez que son dadas de alta en urgencias, ya que no se les dará cita ni con especialistas, ni en atención primaria para seguir su patología. Aspecto sobre el cual la Defensora del Pueblo también mostró su preocupación en su último informe anual.
No existe un único procedimiento para atender a personas migrantes en situación irregular. Y aunque la atención en urgencias debería estar garantizada, algunos hospitales han enviado facturas y han entregado cartas de compromiso de pago en el mismo momento de la atención de urgencia. Una práctica que puede tener un efecto disuasorio en las personas que no tienen recursos económicos, que optan por la automedicación.
La reforma sanitaria en la Comunidad Valenciana
Alicia llegó a España en 2009 procedente de Honduras. Nunca ha tenido permiso de residencia, aunque trabajó como ayudante de cocina y cuidando a personas mayores. A principios de 2013 su tarjeta caducó y no pudo renovarla. Después de esto empezó con una tos continua que le duró más de un año, no ha visto a un médico de cabecera y mucho menos a un especialista. «Estaba muy preocupada, porque en mi país una tos continua durante mucho tiempo es tuberculosis». A través de Médicos del Mundo consiguió que le hicieran estas pruebas. Dio negativo, pero sigue sin tener un diagnóstico, porque no puede acceder a un especialista.
Tampoco aquí existen cifras oficiales de cuantas personas se han quedado sin tarjeta sanitaria. Sin embargo, la Comunidad Valenciana tiene en marcha el Programa Valenciano de Protección de la Salud que atiende a personas sin recursos. Pero exige al menos un año de empadronamiento e ingresos inferiores a 800 euros. Actualmente hay más de 160.000 personas de origen extranjero no comunitario empadronadas en la Comunidad Valenciana en situación irregular. Hasta agosto de 2014, sólo 3.491 personas se habían acogido a este programa. Amnistía Internacional ha podido constatar la falta de información que sobre dicho programa tiene el personal administrativo.
La emisión de facturas, compromisos de pago y falta de información tanto del personal administrativo, como de muchas personas migrantes incrementa la exclusión sanitaria. Amnistía Internacional ha constatado que muchas personas que deberían estar protegidas por el RDL, sufren la exclusión sanitaria en su piel.
Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional pide al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de www.actuaconamnistia.org que restablezca la universalidad del derecho a la salud para todas las personas que viven en España, con independencia de su situación administrativa, y cumpla las recomendaciones de los organismos internacionales.
Al Gobierno de Castilla La Mancha y a la Comunidad Valenciana que:
– Adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso y disfrute del derecho a las salud, sin discriminación y con independencia de la situación administrativa.
– Realice evaluaciones de impacto en derechos humanos de la reforma desde una perspectiva de género y adopte medidas inmediatas para mitigar al máximo el efecto disuasorio del RDL en el acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria.
– Informe debidamente al personal sanitario, ataje los incumplimientos del RDL que se puedan dar y elimine las irregularidades administrativas que podrían acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria.
– A los partidos políticos que se comprometan a garantizar la universalidad del derecho a la salud y que dejen constancia de este compromiso en los programas electorales.
Información de contexto
El RDL, aprobado el 20 de abril de 2012, excluye a las personas migrantes en situación administrativa irregular del Sistema Nacional de Salud, excepto en tres supuestos: situaciones de urgencia hasta alta médica; embarazo, parto y postparto; y atención sanitaria a menores de edad. Meses más tarde se extendió la protección a solicitantes de asilo y a víctimas de trata en periodo de restablecimiento y reflexión.
Esta semana se va a producir la segunda reunión de «Kdadas en Butark». Como bien sabéis estamos realizando un proyecto con niños y niñas del barrio, con edades comprendidas entre 12 y 16 años.Tras la primera reunión, con gran éxito de la convocatoria, en esta ocasión ellos mismos han decidido realizar una gymcana por el barrio. Será el domingo 19 a las 17.30. La quedada en el local de la asociación.
Animamos a los chicos que no han participado en la primera, que se incorporen y se unan al grupo. El ocio y la gestión del tiempo libre de los chavales en estas edades tan complicadas, se ha convertido en uno de nuestros principales objetivos; como padres de adolescentes debemos propiciar encuentros y lugares de diversión en los que los chicos se encuentren cómodos y a la vez encuentren actividades adecuadas para su edad.
