13 familias vulnerables con menores corren el riesgo de quedarse sin vivienda en Colonia Marconi

En la calle Transversal Sexta (Colonia Marconi) viven 13 familias en situación de especial vulnerabilidad que temen verse próximamente en la calle. Estaban en un programa a cargo de Cruz Roja que ha sido cancelado, y la EMVS, propietaria de las viviendas, las reclama. Hemos contactado con algunas de las personas afectadas para que nos cuenten su situación. Una de ellas, Luisa, nos explica: “Estábamos en un programa de vivienda social de Cruz Roja, pagando nuestra cuota de alquiler, nuestra comunidad y nuestros suministros. Nos iban a renovar, pero de repente cambiaron las tornas y nos dijeron que ya no nos renovaban y que teníamos que salir de la vivienda porque pertenecen a la EMVS y había roto el convenio con ellos, cosa que al preguntar a la EMVS nos dijeron que no, que había sido Cruz Roja”.

Según nos informa la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, estaban en las viviendas en virtud “de un convenio firmado en 2021 por el Área de Familias, la EMVS y Cruz Roja Española para ofrecer alojamiento alternativo supervisado y temporal, según el cual la EMVS cede temporalmente unas viviendas a la Cruz Roja para ofrecer y tutelar a familias sin recursos mientras encuentran una vivienda”. La empresa municipal apunta asimismo que “Cruz Roja ha decidido abandonar este programa, dejando en un limbo judicial a las familias con las que tenía un contrato”.

La situación de las familias
es complicada,
y verse en la calle
puede tener consecuencias
desastrosas

Consultada por este periódico, Cruz Roja reconoce haber finalizado este programa: “Cruz Roja ha participado en el programa de ‘Viviendas Solidarias’ a través de la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la EMVS desde su inicio en julio de 2012 hasta agotar todas las prórrogas obligatorias que expiraron el 19 de noviembre de 2022. A través de este convenio, en el que también participaban otras entidades sociales, se puso a disposición de Cruz Roja 20 viviendas de la EMVS en régimen de arrendamiento, para ceder de forma temporal a familias vulnerables derivadas de los servicios sociales municipales. El objetivo principal era facilitar un uso temporal de la vivienda, con un plazo máximo de estancia entre 9 meses y un año […]. En octubre de 2020, y tras haberse coordinado con el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Cruz Roja comunicó oficialmente a la EMVS su intención de finalizar el convenio y entregar las viviendas a medida que finalizasen los acuerdos de cesión de uso temporal con las familias”. El problema es que en el tiempo que han estado allí no ha mejorado la situación de vulnerabilidad de estas 13 familias, según nos explican las afectadas, y con su expulsión solo es esperable que empeore.

Desde la EMVS apuntan: “Cruz Roja está en su derecho de no adherirse al nuevo convenio, pero [dicho convenio] establece que Cruz Roja, al abandonar el programa, debía entregar a la EMVS las viviendas libres de enseres y ocupantes. Hay otras entidades con convenios iguales que sí están cumpliendo el convenio, como son Cáritas, Divérsitas o Provivienda”. Sobre ello, la entidad social sostiene: “aunque existía la obligación de devolver las viviendas vacías de ocupantes, Cruz Roja trasladó esa imposibilidad a la EMVS y Ayuntamiento, dado que en ningún momento favorecerá que ninguna persona se quede en situación de calle”, dejando la pelota en el campo de la EMVS.

La carta

Así las cosas, la EMVS comunicó a las familias a través de una carta que tenían que salir de allí, como la misma empresa municipal nos explica: “La EMVS no tiene relación contractual con estas familias, ya que las viviendas se cedían a Cruz Roja y es esa entidad la que elegía a las familias y firmaba con ellos un contrato. Dada esta situación, al no renovar el convenio Cruz Roja, lo primero que tiene que hacer la EMVS para poder valorar caso a caso la situación de estas familias es reclamar estas viviendas a las personas que residen allí. La carta enviada a las familias que en este momento ocupan las viviendas, en la que se les pide que entreguen la vivienda, es necesaria para poder comenzar a tener una comunicación directa con ellas. De esta manera, este procedimiento no implica que se vaya a desahuciar mañana a nadie, sino que es la manera de comenzar a trabajar por resolver esta situación a la que nos ha abocado el abandono de Cruz Roja”. En cualquier caso, conviene recordar que un desahucio lo tiene que decidir un juez, y no es cosa de un día.

Achacan su situación
a la mala gestión
de la Cruz Roja,
y consideran que ésta
y la EMVS
se están pasando la pelota

Luisa nos relata cómo han vivido ese “abandono” y la comunicación de la EMVS: “El día 19 de noviembre cambió todo: Cruz Roja nos dijo que ya no se iba a cobrar la vivienda, y así fue: cobraron la proporción del mes y ya no nos volvieron a pasar más recibos ni nos dieron ningún número de cuenta para pasarlo a la empresa municipal. En cuanto a los suministros, que estaban a nombre de Cruz Roja y ésta luego nos pasaba los recibos y los pagábamos, hace ya un mes o dos nos dijeron que los pasásemos a nuestro nombre, pero claro, hay gente que puede y hay gente que no: por ejemplo muchas compañías nos ponían la pega de que no teníamos contrato”. Mientras, la EMVS les comunica que tienen que abandonar las viviendas en agosto: “Nos dijeron que teníamos que salir, estuvimos un tiempo sin saber nada de ellos y ahora nos vuelven a decir que tenemos que irnos ya, y que si no dejamos las llaves en la fecha que ellos nos han puesto pasaríamos a ser considerados okupas y nos quitarían de las listas de la EMVS y el IVIMA para poder acceder a una vivienda”. Esto ha indignado a las familias afectadas, que sostienen que ellos fueron aceptados en el programa porque cumplían los requisitos, han accedido de forma legal a esas viviendas, cumplido las normas y pagado lo que les correspondía hasta que se lo han dejado de cobrar, y no son okupas ni están dispuestos a que se les considere como tales. “Se están riendo de nosotros”, protesta esta vecina, y Marisol, otra de las afectadas, asiente: “para ellos precario y okupa es lo mismo”.

La situación de las familias es complicada, y verse en la calle puede tener consecuencias desastrosas: “Yo tengo tres niños: dos menores y otro que está estudiando y vive también con nosotros. Tengo además en casa dos personas con discapacidad. Y tengo una renta vital que muchas veces no me llega ni para el mes, porque aparte hay dos personas celiacas en casa. En los demás hogares el caso es parecido: personas mayores, enfermas, dependientes, y yo creo que en todas hay niños”. Interviene Marisol: “Yo por ejemplo tengo dos niñas: una de 13 y otra de 10. Mis ingresos, 307 euros, es una ayuda que me da el paro, porque encima caí de baja y me han fastidiado por todos lados. Entonces yo con 307 euros no llego, dónde me voy a ir si me echan de aquí. ¿Perspectivas laborales? A mí me cogen de suplencia porque estoy de exclusión social. Te contratan cuatro meses para vacaciones, y cuando termina tu contrato te dicen adiós y a la cola del paro hasta el próximo verano”.

Elsa, otra vecina, cuenta su situación: “Tengo un niño con autismo, escolarizado en Entrevías, un colegio concertado encima, que se tiene que pagar; porque hay un colegio al lado de mi casa, pero no me lo aceptan porque no tienen aula TEA. Somos una familia compuesta de seis miembros. Estoy trabajando y mi pareja también, pero no nos asignan vivienda pública de las características que necesitamos, pues dicen que no hay, y si me voy a las afueras buscando algo más económico… ¿cómo hago con mi niño que tiene TEA? ¿Dejo mi trabajo?”.

Reivindican una
vivienda digna
que puedan pagar

¿Soluciones?

Respecto a las soluciones que les han ofrecido hasta el momento, explican que no lo son. Por ejemplo, Marisol nos cuenta: “Recibimos una llamada de una abogada de Cruz Roja ofreciéndonos dinero a cada familia. A mí me ofreció 3.500 euros y yo le dije que con eso dónde iba. Tal como están las cosas, tengo para una entrada y un alquiler, pero luego los demás meses, ¿qué hago? No lo acepté, claro”. La trabajadora social, por su parte, le ofreció “un recurso de un año y medio, que consiste en que te van a controlar tus entradas y salidas de tu vivienda, lo que ingresas o sacas del banco y hasta la lista de la compra. Es una vivienda en la cual te van a estar controlando tus gastos, te dan una lista de lo que más o menos a tus hijos les puedes comprar. Si les quieres comprar unos yogures tienen que ser de la marca específica en esa lista”. Luisa asiente: “Yo he estado en ese régimen antes del programa de Cruz Roja, y tenía que justificar la gente que entraba y salía en mi casa, tenía un horario y una cámara en mi puerta. Me tuvieron que hacer una autorización para que mi hija y mi yerno pudiesen pasar”.

En definitiva, las vecinas se sienten engañadas, pues entraron en el programa con la esperanza de que sus vidas mejorasen y ha resultado lo contrario. Achacan su situación a la mala gestión de este programa por parte de Cruz Roja y consideran que ésta y la EMVS se están pasando la pelota en lugar de buscar una solución. Reivindican una vivienda digna que puedan pagar, con arreglo a la situación de cada familia. Elsa propone: “ya que tenemos estas viviendas y los niños ya están acostumbrados y tienen su rutina, lo mejor sería no cambiarla. Que nos las alquilen: somos gente que necesitamos una vivienda, no estamos pretendiendo nada ilegal”.

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