LUIS GORDO GONZÁLEZ.
PROFESOR TITULAR (ACREDITADO) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

La crisis económica de la primera década de este siglo redujo notablemente los presupuestos de todas las Administraciones públicas. La universidad no fue una excepción. Sin embargo, mientras el resto de los sectores se han recuperado, en 2025, con el país creciendo por encima del 3%, en la comunidad más rica de España, el presupuesto para universidades de Madrid será aún menor que en 2009, 16 años después. Si tenemos en cuenta la inflación, el recorte real en los presupuestos de las universidades públicas es del 35%. De hecho, la partida económica que trasfiere la Comunidad de Madrid a las instituciones de enseñanza superior no alcanza para pagar las nóminas del personal —investigadores, profesores, personal de administración y gestión— y el mantenimiento cotidiano de las instalaciones.

La rebaja de más de un tercio del presupuesto que las universidades tenían hace 16 años coloca a las seis universidades públicas de Madrid, donde se concentran entre el 20 y el 25% de los estudiantes españoles de grado y posgrado, un 21% por debajo de la media de financiación pública del país y con los precios por la matrícula entre los dos más altos del Estado.

La falta de una financiación adecuada y suficiente por parte de la Comunidad de Madrid pone en peligro la investigación, la docencia y la elevada posición de las universidades públicas en las clasificaciones nacionales e internacionales y los valiosos servicios que éstas prestan a la sociedad en todos los ámbitos. Aunque hay miles de argumentos para defender una financiación adecuada para la universidad pública, me centraré en dos.

En primer lugar, los recortes afectan directamente a la calidad de la enseñanza. Menos recursos significan menos profesores, menos oportunidades para los estudiantes. Las universidades se ven obligadas a reducir la oferta de asignaturas o a reducir el número de plazas en grados y posgrados. Elevando con ello la nota de corte para muchas carreras. En muchas ocasiones se exige estar por encima de 12 o 13 puntos (sobre un total de 14). Los estudiantes que no consiguen acceder a lo que desean cursar, si sus familias cuentan con los recursos económicos suficientes, pueden matricularse en los estudios de su elección en las universidades privadas. Sin embargo, los estudiantes con menos recursos se ven excluidos del sistema universitario u obligados a cursar grados que no son su primera elección. La falta de medios, por tanto, fomenta el negocio de algunos, a costa del derecho a la educación de la mayoría.

En segundo lugar, además, los recortes afectan directamente a la investigación, uno de los pilares de la universidad pública. Al contrario que el resto de las comunidades, Madrid no fomenta proyectos propios, ni estimula los grupos de investigación en sus universidades. Estos recortes en investigación limitan la capacidad de las universidades para innovar y contribuir al avance del conocimiento. Solo gracias a los programas nacionales de proyectos de investigación las universidades públicas de Madrid pueden mantener líneas de investigación tan importantes y necesarias como las de luchar contra el cáncer, nuevos usos de la inteligencia artificial generativa, prevenir y detectar el consumo de microplásticos o la evolución y lucha contra los virus, entre otros muchos proyectos concedidos en la última convocatoria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Por todo ello, es crucial recordar que la inversión en educación no es un gasto, sino una inversión en el futuro. La universidad pública es un motor de progreso y equidad social. Gracias a ella, muchos jóvenes —sin importar nuestro origen socioeconómico— hemos tenido la oportunidad de acceder a una educación de calidad, abrirnos camino en el mundo laboral y contribuir al bienestar de la sociedad. Es responsabilidad de todos defender la universidad pública y asegurar que siga siendo un motor de progreso y equidad para las generaciones futuras.

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