La formación de un nuevo Gobierno, para la que ni siquiera hay fecha, amenaza la prueba de evaluación de 6º de primaria que deben hacer en mayo 460.000 alumnos
Lo que pasa en La Moncloa llega al aula. Desde hace un mes está en suspenso quién va a formar Gobierno, cómo y con qué socios. Las negociaciones y los plazos en las que se produzcan afectan directamente a la próxima gran cita prevista en la reforma educativa, la Ley Wert o Lomce. Se trata de la evaluación final de sexto de primaria que deben hacer por primera vez a final de curso 460.025 alumnos de sexto de primaria (12 años). Serán hasta cuatro días de exámenes (el margen lo fijan las comunidades autónomas) con contenidos de Lengua, Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Solo cinco comunidades autónomas —Galicia, La Rioja, Castilla y León, Murcia y Comunidad de Madrid, las que mantienen Gobiernos regionales del PP tras las elecciones regionales de mayo— defienden que se celebre esta prueba y han dado instrucciones claras para que se ponga en marcha tal como recoge la normativa.
En el resto de comunidades, donde estudian tres de cada cuatro alumnos de sexto (333.318 estudiantes), la cuestión no está tan clara. Todas rechazan la prueba obligatoria que el Ministerio de Educación ahora en funciones desarrolló en un Real Decreto publicado el pasado 20 de noviembre, en plena precampaña electoral. Las contrarias al examen y a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) son ahora mayoría en el parlamento. Están pendientes de la formación del nuevo Gobierno y de cómo avancen la Proposición No de Ley (PNL) y la iniciativa legislativa que el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados nada más constituirse las Cortes para derogar la Lomce.
Acudir a los tribunales
Ocho regiones, además, preparan un recurso inminente ante el Tribunal Supremo para intentar frenar la evaluación. Son Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Extremadura y Navarra. Canarias sopesa sumarse, según un portavoz regional. El Ministerio de Educación en funciones “no tiene constancia, en estos momentos, de la negativa por parte de ninguna Comunidad Autónoma a realizar la prueba”. Respecto a un posible recurso, desde el departamento que encabeza Íñigo Méndez de Vigo, aseguran que acatará las resoluciones judiciales que se puedan producir.
«La reválida es claramente innecesaria, inoportuna e impuesta», dijo la consejera de Educación andaluza, Adelaida de la Calle, el pasado diciembre. Andalucía, con el resto de regiones que quieren recurrir al Supremo, se manifestó a finales de 2015 contra la “falta de consenso” para la prueba, la “tensión” a la que se sometía al alumnado y las dificultades “organizativas, funcionales y económicas” para las comunidades autónomas. En la Junta de Andalucía no aclaran si están preparando a sus centros para la prueba por si ni el recurso ni las iniciativas del PSOE la frenan. Castilla-La Mancha no ha ofrecido ninguna información al respecto.
Preparativos a regañadientes
A la espera de lo que pase en el Gobierno, el Parlamento o los tribunales hay regiones que ya han puesto en marcha los preparativos para el examen, aunque a regañadientes. “Queremos que tanto la prueba de tercero de primaria [implantada el curso pasado] como la de sexto se hagan en los centros como una evaluación más”, explica Ricardo Almalé, director general de Planificación de la Consejería de Educación de Aragón. La Lomce prevé que sean profesores funcionarios externos a los centros los que realicen ese examen y que los resultados, que no determinarán si el alumno suspende o pasa de curso, se hagan públicos.
“Nos movemos en una gran incertidumbre”, añade el director general de Planificación en Baleares, Antoni Morante, que asegura que ya han iniciado reuniones con directores de los colegios por si no prosperan ni el recurso ni la PNL. En particular, quieren “evitar los ránkings”. La normativa estatal permite hacer clasificaciones por centros con los resultados, una medida muy criticada desde la comunidad educativa.
Asturias está organizando la distribución del profesorado de unos centros a otros, aunque “la Consejería confía en que se paralice la aplicación”, señala una portavoz. Canarias ha fijado fecha, del 27 al 27 de mayo. Cantabria tiene ya grupos de trabajo para confeccionar los exámenes “de manera preventiva”, según un portavoz oficial, que señala que la prueba será muestral, es decir, el examen lo harán solo una parte de los alumnos cántabros en lugar de todos los estudiantes de sexto como exige la Lomce.
La Generalitat catalana señala que mantendrá una prueba propia que viene realizando desde 2008. En el País Vasco aún están diseñando cómo la harán, mientras ultiman su propia ley regional de Educación.
Las cinco fieles a la Lomce
Solo las cinco regiones del PP aseguran que todo va sobre ruedas con este examen. En Galicia, la Consejería de Educación del gobierno de Alberto Núñez Feijóo sostiene que está “trabajando con la previsión de realizarla a finales de curso”, aunque no ha trasladado de momento ninguna pauta al personal docente. El sindicato mayoritario en la educación de Galicia, la Converxencia Intersindical Galega (CIG), alienta a las familias para que boicoteen las pruebas como protesta por la clasificación y porque sostiene que carece de «efectos académicos”.
En La Rioja, el Gobierno regional prevé enviar la instrucción a los centros “en breve”. La Consejería de Castilla y León entiende “que no habrá ningún problema” y se desarrollará “con la normalidad” que tuvo la del curso pasado en tercero de primaria. La Comunidad de Madrid ya ha avisado a los colegios, según un portavoz oficial, y prevé realizarla la segunda semana de mayo. Su prueba incluye un examen de Inglés. En Murcia, que también prevé evaluar el nivel de inglés de sus alumnos, la fecha fijada es del 16 al 19 de mayo. Esta última ha previsto hasta los docentes externos que necesita: 841.
Fuente: El País
