Entrevistamos a María Jesús Valero (Marea de Residencias) y Javier Cordón (Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid) para saber más sobre una de las mayores tragedias de la historia de la democracia española
“Las 7.291 muertes ocurridas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid sin atención hospitalaria durante marzo y abril de 2020 constituyen una de las mayores tragedias de la democracia en España. Las consecuencias de estos dos meses de abandono sobre las personas, residentes, familiares y trabajadores que sobrevivieron a esta tragedia en la Comunidad de Madrid siguen sin documentarse”, explica la web de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, constituida a petición de familiares de personas fallecidas en dichas residencias, agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid.
Para informar a la ciudadanía de Villaverde sobre esta tragedia, el pasado 16 de marzo estaba convocado por Villaverde por la Sanidad Pública un acto en el Centro Cultural Ágata, que finalmente fue desautorizado por la Junta de Distrito y tuvo que realizarse al aire libre en la plaza de Ágata, en el que participaron María Jesús Valero (miembro de Marea de Residencias), Javier Cordón (miembro de Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid y del MATS) y Manuel Rico (periodista y autor del libro Vergüenza, el escándalo de las residencias). Para conocer más a fondo esta cuestión, hemos charlado con María Jesús y Javier. El resultado es la entrevista que sigue.
¿Cómo fue la experiencia el otro día en Villaverde?
María Jesús: Nos cancelaron el espacio que se había concedido hace semanas, pero decidimos seguir adelante. Se pidió por vía de urgencia una autorización para estar en la plaza, y allí estuvimos. Expliqué el horror que se vivió dentro de las residencias en cuanto a residentes, a trabajadoras y a las familias. Hice un resumen de lo que fue: marzo y abril tuvieron el mayor número de fallecimientos, pero el abandono y el concepto de “protección” que quisieron dar duró casi un año. Cuando todos estábamos disfrutando ya de las terrazas y del sol de Madrid, ellos seguían encerrados. Decían que estaban allí protegidos, pero estaban abandonados.
¿En qué consistieron los llamados “Protocolos de la vergüenza”?
M.J.: En esos protocolos lo que se dice es que a aquellas personas mayores, por razón de su estado cognitivo o su estado dependiente de movilidad, no se las podía trasladar a hospitales. Fue una discriminación por el estado de salud que tuvieran esas personas y el domicilio donde vivían, porque ha habido casos en los que desde casa sí se les ha trasladado. Otra discriminación brutal fue que al que tenía tarjeta privada sí se le derivaba, lo sabemos y tenemos pruebas, pero a los que tenían tarjeta sanitaria pública no había posibilidad. Es más, ha habido familiares que iban a las residencias para intentar sacar a ese familiar y ha habido en algunas que sí, pero en otras se negaban a que tú pudieras sacar a esa persona mayor de allí.
¿Qué motivo aducían para negarse al traslado?
M.J.: Que iban a medicalizar las residencias, entonces lo que intentaban era “protegerles”. Pero las residencias no se medicalizaron de ninguna de las maneras, en ninguno de los casos, a pesar de estar solicitado por el TSJM.
Javier: Es que los protocolos son terribles porque además a veces los quieren justificar como un triaje, en el sentido de que cuando hay más pacientes que recursos se tiene que hacer una selección para utilizarlos con quien tiene mayor esperanza de vida, pero eso no fue así, porque eso se hace sobre diagnósticos individuales, y aquí fue colectivo, y además con cosas que no tenían que ver con la COVID. Tú puedes estar en una silla de ruedas o tener una demencia y tener más posibilidades de salvarte que otro que tuviese autonomía y no tuviese demencia. A un sector de la población, que vivía en residencias, se le privó del derecho a la asistencia sanitaria, a una muerte digna y a la salud simplemente por unos criterios políticos ajenos a la medicina. Por eso pedimos que se investigue quiénes fueron los responsables y que se haga justicia y reparación. Fue una salvajada que conculcó un montón de derechos.
¿Cómo se aplicaron los protocolos y qué efecto tuvieron?
J.: Una de las cosas que ha encontrado la Comisión de Investigación es que parece que los protocolos se empezaron a aplicar antes de escribirlos. Con los datos que hay, que son oficiales, cuando la pandemia empieza a desarrollarse bajan a la mitad las derivaciones a hospitales en relación a cuando no había pandemia, cuando lo suyo era que se hubieran duplicado. El primer protocolo es del 18 de marzo, y las derivaciones caen en picado sobre el 8 de marzo. Hay la sospecha de que hubo rechazo por parte de profesionales y por eso los escribieron. Madrid fue la única comunidad donde hubo unos protocolos escritos, firmados, entregados y reconocidos por quien los firmó. Y es que el protocolo no solo es un documento escrito, es que además se aplicó “con éxito”, y se demuestra ese “éxito” en la bajada de las derivaciones a hospitales.
En virtud de estos protocolos se nombran unos geriatras de enlace con los que se rompe el sistema de derivación anterior, en el que las residencias llamaban al hospital o al SUMMA y venía la ambulancia. Ahora había que hablar con los geriatras de enlace: había uno por hospital público, y eran los que negaban el traslado.
M.J.: Se basaban en los niveles de Barthel, que evalúan el nivel de dependencia: el deterioro cognitivo y de movilidad. Te preguntaban si la persona iba en silla de ruedas o tenía problemas cognitivos, no qué enfermedad tenía. Ha habido gente a la que no han derivado y no tenía COVID, sino un infarto o una infección extrema de orina. Y en marzo y abril solo te derivaban si tenías tarjeta privada.
J.: El efecto fue que en las residencias murieron 7.291 personas según cifras de la propia Comunidad sin atención sanitaria adecuada. Las particularidades de Madrid en esta cuestión son varias: primero, en los dos primeros meses de pandemia, marzo y abril, de todas las personas fallecidas que vivían en residencias en España, aproximadamente la mitad, 9.468, lo fueron en Madrid, mientras que sus plazas de residencia son un 13% de las de todo el Estado. Otra particularidad es que de la gente que vivía en residencias, la diferencia entre los que murieron en ellas y los que murieron en hospital es mucho más elevada aquí que en el resto. Y otra particularidad es que en Madrid hubo unas decisiones políticas que no hubo en otros lados. Se les cerraron todas las posibilidades: no se les derivó a los hospitales públicos, ni a los privados salvo que tuvieras seguro, ni al IFEMA, ni a los hoteles medicalizados, ni se medicalizaron las residencias. Así hay un número de muertos tan enorme, y es que ha habido una gestión de la pandemia disparatada, antihumana. Y no hay responsables ni se quiere investigar, porque en cuanto el PP obtiene mayoría en 2021 apoyado por Vox liquidan la comisión de investigación y nunca más se supo.
Esos primeros meses de pandemia, ¿cómo detecta Marea de Residencias lo que está ocurriendo y qué hace?
M.J.: Marea de Residencias inició su andadura en septiembre de 2019, seis meses antes de la pandemia. Surge de la problemática que ya había tan horrible con las residencias: falta de trabajadores, malos tratos, mala alimentación, etc., que sigue igual ahora o peor. Cuando se desata la pandemia nos empiezan a llegar correos, llamadas, mensajes de Telegram… contando lo que está pasando y el horror que están viviendo los familiares. Vemos que la gravedad es extrema, empezamos a reunir informes y, con la ayuda del despacho de Carlos Vila, decidimos impulsar querellas. Para empezar fue un primer lote el 11 de mayo de 2020, en el que se enviaron 26 querellas para ver qué pasaba y si había más gente que quería unirse; y efectivamente. Empezamos a trabajar y a preparar más con la ayuda del despacho de abogados, de manera totalmente altruista, llegando a presentar más de 350 querellas. Con esto hemos visto que la Justicia está en una inacción total: no quiere meterse en este lío. Juzgados en los que no han permitido declarar ni defender la querella, que las archivan porque no ven delito… Ahora mismo siguen activas 150 aproximadamente.
¿Cómo se forma Verdad y Justicia?
J.: Porque sancionan a dos trabajadoras de la Gran Residencia de Carabanchel. Una de ellas era del MATS, y durante la pandemia había sacado vídeos y hecho declaraciones de todas las deficiencias y los problemas en las residencias. Entonces compañeros de MATS con compañeras de Marea de Residencias empezamos a hacer una campaña de apoyo porque pensábamos que era muy importante que las personas que trabajan allí tengan la libertad de poder expresar lo que pasa, hacer críticas y dar su opinión. De hecho al final la sentencia fue favorable a las dos compañeras. Pero en todo ese proceso algunas personas como yo, que no habíamos vivido la pandemia en las residencias de lleno como trabajadoras o familiares, conocimos mejor toda esta situación y pensamos que era una cosa que no podía quedar así, porque era muy grave; que había que hacer una plataforma con personas que no estaban directamente afectadas. Y entonces creamos Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid. La presentación fue el 18 de mayo de 2022.
Confluís con Marea y empezáis a trabajar juntos…
J.: Sí, aunque cada plataforma es autónoma. Ellas siguen muy dedicadas al día a día de las residencias, y Verdad y Justicia somos algo más específico. Pero obviamente confluimos y nos pusimos en marcha. Una de las cosas que hicimos fue ponernos en contacto con PSOE, Más Madrid y Podemos para que reiniciaran la comisión de investigación. Lo intentaron varias veces, y PP y Vox se negaban siempre. También fuimos a los Ayuntamientos, y hubo en 16 de ellos mociones pidiendo que se reabriera. A raíz de todos esos intentos y ver que ni se investigaba ni pasaba nada, fue cuando pensamos en crear la comisión ciudadana. Si las instituciones no estaban haciendo lo que tenían que hacer, la ciudadanía no podía dejar esto pasar y se tenía que implicar. Entonces fue cuando conseguimos que estas siete personas de gran prestigio profesional hicieran el informe que ahora se presenta. Se basa en las declaraciones que había habido en la Asamblea de Madrid, en investigaciones científicas posteriores sobre la pandemia y en las declaraciones de familiares, trabajadoras y expertos. Por lo tanto ese informe no solo recoge todo lo conocido hasta ahora y lo sintetiza, sino que además es el único que da voz a las víctimas.
¿En qué momento estamos y qué expectativas hay?
J.: Queremos que haya verdad, justicia y reparación. Para nosotros el informe es un paso muy grande porque nos acerca mucho a la verdad, que es el paso imprescindible para que haya los otros dos. Entonces tenemos que seguir luchando, pero pensamos que estamos en una situación nueva porque creemos que ese informe nos da pie para hacer esa lucha con más fuerza y argumentos. Lo que vamos a hacer es moverlo a todos los lugares a donde podamos, aquí y en Europa, y por supuesto hacerlo llegar a la opinión pública para que nadie pueda decir que no sabe lo que pasó. Aquí hay unos afectados directos, pero esto afecta a toda la sociedad. No puede volver a pasar algo así.
MÁS INFORMACIÓN
