La redacción de una proposición de Ley de Erradicación Segura del Amianto y la petición en los presupuestos regionales de partidas destinadas a inventariarlo y eliminarlo están entre sus primeras acciones
La FRAVM, Madrid sin Amianto, la FAPA Giner de los Ríos, CC OO, UGT, la Asociación Víctimas del Amianto, Más Madrid – Verdes Equo, PSOE-M y Unidas Podemos han puesto en marcha un espacio para buscar soluciones a un grave problema de salud laboral y pública que está lejos de ser una prioridad para la Administración y que requiere de una actuación urgente. Entre sus primeras acciones están la redacción de una proposición de Ley de Erradicación Segura del Amianto y la petición en los presupuestos regionales de partidas destinadas a inventariarlo y eliminarlo.
El 23 de enero tuvimos que lamentar la muerte, a sus 61 años, de Santos González, el primer trabajador de Metro de Madrid al que se le diagnosticó asbestosis, enfermedad respiratoria crónica producto de una exposición prolongada al asbesto o amianto. Trabajadores de innumerables sectores industriales están hoy afectados. Sectores como la construcción, demolición y rehabilitación de edificios, instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de tuberías de conducción de agua, de calefacción y de refrigeración, reparación de vehículos, mantenimiento y desguace de vagones, limpieza de máquinas, desamiantado y gestión de residuos, entre otros.
Aunque no se conoce con exactitud el número de personas fallecidas por patologías derivadas de la exposición al amianto, diferentes investigaciones atribuyen a la exposición laboral 4.000 cánceres de pulmón y pleura, a las que habría que sumar las fallecidas por otros cánceres como el de laringe y por asbestosis, así como los provocados por la exposición doméstica y ambiental, por lo que podemos estimar que entre 4.000 y 5.000 personas fallecen anualmente por enfermedades provocadas por el amianto.
A pesar de que su uso está prohibido en nuestro país desde 2002, todo el mundo sabe que este producto, cuya marca comercial más conocida es Uralita, sigue presente en multitud de instalaciones, centros de trabajo, naves industriales, edificios públicos y privados, medios de transporte… De hecho, puede estar presente en cualquier edificio construido entre los años 60 y 90 del siglo pasado.
La Comunidad de Madrid no es una excepción, y hoy podemos verlo a simple vista, muchas veces deteriorado (lo que lo hace más peligroso) en centros de trabajo, polígonos, almacenes y escombreras ilegales, pero también en decenas de bloques de viviendas y en colegios, institutos, polideportivos, hospitales y otros equipamientos públicos en toda la región. A lo anterior se agrega la proliferación de vertidos clandestinos de amianto que contaminan aire y suelo por toda la geografía madrileña.
Es urgente actuar para no generar nuevas víctimas porque la vida útil de la mayor parte del amianto instalado está llegando a su fin, lo que implica que aumente la posibilidad de liberación de fibras al ambiente por su deterioro. De no actuar ya, la pandemia del amianto no solo seguirá matando a personas de nuestra generación, sino que también seguirá matando a nuestros hijos y nietos, algunos de ellos que no han nacido aún.
Las entidades que constituyen la plataforma son muy conscientes de que debemos aprovechar el momento y las posibilidades que nos brindan los fondos europeos, que permiten la presentación de proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios que deben ligarse con la eliminación del amianto instalado en el marco del fondo de Recuperación NextGeneration, una oportunidad que la Comunidad de Madrid no debe desaprovechar.
Esta plataforma se ha marcado las siguientes prioridades:
- Elaborar una proposición de Ley de Erradicación Segura del Amianto de la Comunidad de Madrid para llevarla a la Asamblea de Madrid y solicitar el apoyo de todos los grupos políticos.
- Reclamar la inclusión en los presupuestos de la Comunidad de partidas dirigidas a la elaboración de un registro de edificios, estructuras e instalaciones que contengan amianto instalado, así como de vertidos y vertederos no controlados; el desarrollo de un plan de retirada del amianto que debe priorizar los espacios más sensibles y continuar con el resto de edificios e instalaciones con presencia de amianto; y el impulso de los planes de ayudas a la rehabilitación de las viviendas con amianto.
- Implicar en la erradicación del amianto a los ayuntamientos de la región.
Hay que recordar que, aunque la mayor carga de exposición y de enfermedad está en las personas trabajadoras expuestas, la exposición doméstica y ambiental tiene igualmente una vital importancia, y por ello la erradicación del amianto instalado se convierte en un grave problema de salud pública. Pero además, junto a los gravísimos problemas de salud que provocan las fibras de asbesto, se unen otros muy graves sobre el medio ambiente, en particular los derivados del tratamiento de residuos que los contienen, los acúmulos sobre el aire que permanecen y se desplazan y especialmente su peligro al depositarse en el agua de ríos, lagos y arroyos. Fruto de éstos y de su persistencia en las superficies a los efectos sobre los seres humanos hay que sumar los que puede causar sobre la fauna y flora local.
El amianto mata, y seguirá matando. Necesitamos cuanto antes un registro de los espacios que aún lo contienen para proceder, a continuación, con un plan consensuado, a su erradicación definitiva.