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Balizas fraudulentas

El fraude de las balizas fake continúa ante la pasividad de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Consumo. FACUA-Consumidores en Acción sigue detectando la venta de balizas que simulan estar certificadas por la DGT mientras el organismo del Ministerio del Interior ha optado por no enviar una comunicación a los conductores para advertirles de que han podido ser víctimas de este fraude, como tampoco ha emitido ninguna alerta pública al respecto. Por su parte, Consumo sigue sin dar respuesta a las denuncias presentadas por la asociación hace ya casi un mes ni informar a los consumidores sobre cuáles son sus derechos si han caído en la trampa.

Si hasta hace unas semanas numerosas balizas fraudulentas utilizaban como reclamo el texto “homologada por la DGT” y el logotipo de este organismo, ahora FACUA también ha registrado casos de productos a la venta por poco más de 6 euros y que se publicitan como “aprobada por DGT con geolocalizador”. Al igual que en los casos denunciados por la asociación a mediados de diciembre, se trata de balizas que no aparecen entre las “marcas y modelos certificados” por Tráfico que se pueden consultar en su página web.

FACUA ha constatado que los siete modelos que denunció el mes pasado, a la venta en AliExpress, Amazon y la tienda online de Leroy Merlín, han dejado de estar disponibles en estas plataformas. Sin embargo, desconoce si Consumo se ha dirigido a los establecimientos, los vendedores o los fabricantes de las balizas fake ni si ha abierto expedientes sancionadores.

Reembolso e indemnizaciones

Los consumidores que hayan comprado una baliza sin la certificación de la DGT pueden reclamar la devolución del dinero al establecimiento si en su publicidad, información comercial o embalaje se inducía a creer que sí contaban con la homologación oficial para su uso obligatorio a partir del 1 de enero. Además, FACUA advierte de que, si son multados por utilizar el dispositivo no reglamentario, tienen derecho a exigir a la empresa una indemnización por daños y perjuicios equivalente al importe de la sanción.

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