El grupo municipal Ciudadanos transmitió en el último Pleno del Distrito el malestar de la mancomunidad de Bravo Murillo, 297, a cuenta de “una injusticia que existe desde 1977”, señaló el portavoz de la formación, Antonio José Crespo. El problema se refiere a la catalogación de la plaza aledaña como propiedad privada de uso público, lo que impide al Ayuntamiento realizar modificación alguna –como la implantación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)– y obliga a los vecinos –unos 1.000, residentes en 300 viviendas– al mantenimiento de la manzana. “Esta pequeña U se ha convertido en un limbo legal, donde cualquier vecino de Madrid puede aparcar de manera gratuita y financiada por estos vecinos, que se gastan 12.000 euros al año en conservación, luz, limpieza…”, explica Crespo.
La mancomunidad ha llevado al Pleno 1.200 firmas para obligar al Ayuntamiento a buscar “una solución” que, según la propuesta de Ciudadanos, podría pasar por su inclusión en la zona SER, o bien por su peatonalización y ajardinamiento. Desde la Junta se insiste en que ya ha habido varias reuniones con los afectados y en que “se está negociando y buscando una solución que desatasque la situación”. No obstante, las opciones propuestas no parecen factibles a priori, “ya que el Ayuntamiento no puede intervenir en un suelo que no es municipal”, argumenta el portavoz de Ahora Madrid, Iván Cases, que añade: “Una de las posibles soluciones es que se haga una cesión, lo que requeriría cumplir unos requisitos complejos, como la unanimidad de los vecinos”.
Para el portavoz socialista, Alberto Mateo, “crear un convenio para convertir la zona en SER sería un proceso laborioso, pero podría hacerse, e igual ocurre con la peatonalización: podría llegarse a un acuerdo con una subvención de algún tipo, para que se lleve a cabo con fondos públicos y de los vecinos, no sólo de estos últimos, como nos han dicho”.
Todo ello para atajar “una situación insostenible y que irá a peor si no se toman medidas”. En 2015, hartos de un escenario agravado por los continuos vehículos abandonados en la plaza, riñas e inseguridad, los vecinos tomaron la decisión de instalar una barrera levadiza. Apenas un año después, la medida fue rectificada por la Junta Municipal, y la barrera desmantelada, “por ser contraria al ordenamiento jurídico”. Una vez restaurado el uso público de la plaza, el problema para los vecinos ha regresado a la espera de que el Consistorio dé con una solución que, de momento, no parece cercana.
David Álvarez de la Morena
