JULIO HERNÁNDEZ GARCÍA
La Ley de Desamortización General de 1 de mayo de 1855 fue promulgada durante el bienio progresista por el ministro de Hacienda Pascual Madoz. Estuvo vigente hasta 1924, año en el que fue suprimida por el ministro Calvo Sotelo en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Anteriormente se suspendería en 1856 por Narváez, y se reanudaría en 1858 con la presidencia de O´Donnell.
Tuvo tres etapas. La primera, de 1855 a 1856, centrada en las ventas de la capital, principalmente fincas urbanas. La 2ª etapa fue de 1858 a 1866, momento más cuantificable del proceso desamortizador en la provincia, con las ventas de propios, beneficencia y clero. La 3ª fue de 1867 a 1824, cuando más subastas hubo y se consiguió más dinero con la venta, también del patrimonio del Estado.
Sería la culminación de un proceso desamortizador que había comenzado en la época de Carlos III, con el reformismo ilustrado, cuando Olavide, Campomanes y Jovellanos. Siguió en 1813 y con la desamortización de Mendizábal, en 1836. La de Madoz consiguió el mayor volumen de ventas, y se refería a todos los bienes rústicos y urbanos de propios y comunales, del clero (del que no había sido desamortizado por la ley de Mendizábal), de la beneficencia, de la instrucción pública y del patrimonio del Estado, al que pertenecían los tres últimos.
‘de 1855, estuvo vigente
hasta 1924,
con un paréntesis
en 1856-1858
Los bienes de “propios” se referían a los bienes de los municipios que arrendaban, siendo su principal fuente de ingresos. Cuando esos bienes no se arrendaban, sino que eran aprovechados gratuitamente por los vecinos, se llamaban “comunales”.
Los objetivos que pretendía esta desamortización eran: reducir el déficit crónico de la Hacienda; realizar inversiones públicas, sobre todo en la construcción del ferrocarril; modernizar la estructura de la propiedad y aumentar la producción agraria; y atraer políticamente al régimen liberal a los nuevos propietarios.
La estructura de la propiedad que había en Villaverde en 1863 era: el total de parcelas del municipio estaba en 2.237; el total de parcelas urbanas, 142; el de parcelas rústicas, 2.095, y la superficie cultivada 3.370 ha; los eriales, 37 ha; los viñedos, 18 ha; las huertas, 55 ha; y los prados, 263 ha. El total de fanegas desamortizadas fue de 270, equivalente a 1,74 Km2. El beneficio en dinero de lo subastado ascendió a 102.486,88 pesetas.
Los mayores compradores fueron Antonio Castelar, Eladio Aguado, Eusebio Mula, Manuel Llano, Ramón Espinosa, y así hasta 29 compradores (Moreno Ballesteros, La desamortización de Madoz en el partido Judicial de Getafe, ampliación Tesis Doctoral, 2015).
Las tierras de secano y huertas puestas a subasta del clero y de propios se encontraban en el camino a Madrid, junto al arroyo Malvecino, en el Redondillo, en Horcajo, en la Toba, en S. Morales, en el arroyo de Marileza, en Los Llanos, contiguo al ferrocarril de Aranjuez, en el camino de Los Ángeles, en el Pradillo, en Parvillas. Los bienes urbanos (una carnicería y una casa matadero) estaban en las calles Travesía del Barco y en la del Real de Pinto.
Las consecuencias fueron:
— El Estado ingresó con esta desamortización más de 14.000 millones de reales, con lo que se logró reducir la deuda pública e invertir dinero en el tendido ferroviario, con la ley de los ferrocarriles de 1855.
— Aumentó el latifundismo (compraron tierras los que ya tenían).
— Aumentaron las tierras cultivadas, sobre todo de cereales.
— Disminuyó la ganadería, principalmente la ovina.
— El retraso agrícola impidió la creación de capitales para ser invertidos en la industria.
— Los municipios perdieron la fuente principal de sus ingresos.
— Los grupos sociales más beneficiados fueron la nobleza y la burguesía.
— Los más perjudicados fueron la Iglesia, los ayuntamientos y los campesinos.
— Empeoraron las condiciones de vida de los pequeños campesinos y ganaderos, que perdieron sus derechos sobre las fincas comunales vendidas, siendo despojados de su principal medio de subsistencia.
— Aparecen como nueva clase social los jornaleros, trabajadores del campo, que van a vivir en condiciones, a veces, de auténtica miseria.
— A nivel cultural se destruyeron determinados edificios históricos y otros bienes del patrimonio.
— Se perdió la oportunidad de realizar una reforma agraria, que hubiera podido mejorar la calidad de vida del campesinado y haber aumentado la productividad del campo.
