Soy vecina de Villaverde y escribo para hacer público un caso que refleja un problema estructural: la imposibilidad de muchas personas en situación de calle de regularizar su documentación por la falta de coordinación y voluntad de las instituciones públicas.
Ali, un joven pakistaní, lleva meses viviendo en la calle, concretamente en la calle Platino, frente al metro Villaverde Bajo-Cruce. A pesar de su situación de extrema vulnerabilidad, Ali ha conseguido algo que no es fácil: una resolución favorable de Extranjería para obtener su permiso de residencia y trabajo, emitida en julio. Es un paso crucial que le permitiría acceder a un empleo estable —de hecho, ya tiene una oferta real como oficial de alicatado— y dejar definitivamente la calle.
Sin embargo, para completar el trámite necesita un certificado de empadronamiento, requisito imprescindible para poner huellas y recibir la TIE. Y aquí empieza la espiral de burocracia que lo atrapa desde hace meses: Servicios Sociales de Villaverde derivaron el caso a la Junta; la Junta lo derivó al Samur Social; el Samur Social no inició la intervención porque Ali tiene el pasaporte caducado, algo que, según la normativa, no debería impedir la atención a una persona sin hogar; y mientras tanto, Ali ya ha perdido tres citas para poner huellas por no disponer del empadronamiento, a pesar de que el trámite de Extranjería vence si no se completa.
El resultado es devastador: Ali tiene la documentación aprobada, disposición para trabajar, una oferta laboral y una voluntad enorme de integrarse. Y aun así sigue viviendo al raso, sufriendo frío, inseguridad y desamparo, únicamente porque ninguna institución asume la responsabilidad de activar el empadronamiento social, una herramienta legal pensada precisamente para estos casos.
No estamos hablando de un favor ni de una excepción. Estamos hablando de derechos. Y estamos hablando de una realidad cotidiana en Villaverde: personas que quedan atrapadas entre ventanillas y derivaciones, sin una respuesta concreta que les permita empezar una vida digna.
Como vecina, y como parte de una comunidad solidaria que lleva meses ayudándolo con lo poco que tenemos, pido que se reconozca públicamente esta situación, que se revise el protocolo y que se actúe con humanidad y eficacia. Ali no necesita caridad: necesita que las instituciones funcionen.
