La Plataforma Vecinal Usera-Villaverde ha pedido su intervención con el fin de que se garantice ‘la información a los ciudadanos y el cumplimiento de la legalidad urbanística’
Después de numerosas asambleas ciudadanas, protestas en la calle y de llevar el caso a los tribunales, la Plataforma Vecinal Usera-Villaverde, que agrupa a las asociaciones vecinales de los barrios afectados por la planta logística PALM-40, se ha dirigido al Defensor del Pueblo para pedir su intervención con el fin de que se garantice “la información a los ciudadanos y el cumplimiento de la legalidad urbanística”. Lo ha hecho ante la inacción de la Administración y en una carta que fue enviada el pasado 16 de mayo.
En ella, la red vecinal, que en sus más de dos años de movilizaciones siempre ha contado con el apoyo cerrado de la FRAVM, señala que con la ejecución del proyecto empresarial “se están vulnerando principios fundamentales recogidos en la Constitución y que son propios de un país democrático” y considera “que existen irregularidades en la actuación de los responsables de la Administración municipal de Madrid, en esta materia, con respecto a la construcción de plataformas logísticas dentro de la ciudad, pegadas a las viviendas de familias residentes y ‘usurpando’ calles urbanas de uso y tránsito peatonal y de vehículos ligeros. Denunciamos, además, el incumplimiento, en sede plenaria municipal y otros espacios públicos, de acuerdos y decisiones tomadas legítimamente por mayorías representativas”, puede leerse en el escrito.
Recordemos que en 2019 todos los grupos políticos con representación municipal aprobaron, de manera unánime, la paralización de las obras de PALM-40 hasta que no se aclarasen todas las circunstancias relacionadas con el proyecto y la promotora, BNP Paribas Real Estate, presentase un Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos con carácter previo a la concesión de licencias de edificación o de actividad. Este requisito nunca se ha cumplido, y de hecho representa uno de los argumentos jurídicos que ha empleado el Juzgado nº 49 de Madrid para abrir diligencias penales contra el Ayuntamiento y BNP Paribas Real Estate, por presunta prevaricación y delitos contra el medio ambiente.
Se calcula que muy pronto PALM-40, concebida como la plataforma de distribución de última milla más grande de la capital, acogerá 2.000 operaciones diarias, lo que implica un desorbitado incremento del tráfico en una zona muy poblada y, como consecuencia, “niveles inaceptables de ruido y polución, con el consecuente aumento de las enfermedades respiratorias y nerviosas”, en palabras de las entidades vecinales. Los 152.172 metros cuadrados sobre los que se levanta, otrora sede de la factoría Renault de la calle Eduardo Barreiros, están rodeados de viviendas y de una malla urbana de calles estrechas, un entorno propicio para que aumenten los atascos y empeore la seguridad vial. Las rutas de entrada y salida de PALM-40, que aunque parezca mentira y a pesar del nombre carece de un enlace directo con la M-40, pasan junto a varios centros educativos y residencias y causarán importantes molestias en los barrios de San Luciano, Ciudad de los Ángeles, Euskalduna, San Nicolás, Arechavaleta, Cruce, Nueva Esperanza, Litos, Villaverde Alto, Orcasur, Meseta y Poblado Dirigido de Orcasitas, San Fermín, El Espinillo y Villaverde Bajo.
En su petición de amparo, la plataforma vecinal solicita al Defensor del Pueblo “que se supervise la actuación de las Administraciones públicas a fin de garantizar la participación pública, la información a los ciudadanos y el cumplimiento de la legalidad urbanística; se siga la normativa medioambiental vigente evitando posibles daños al medio ambiente (contaminación del aire y acústica) y el consiguiente perjuicio para la salud de los vecinos/as que viven en la proximidad” y “se examinen los acuerdos alcanzados en los plenos municipales para garantizar que no se han cometido irregularidades en los mismos”.
FRAVM
