El año 2015 nace condicionado por la doble cita electoral (mayo y noviembre) que paralizarán cualquier tipo de decisión que afecte a la Sanidad pública. Sin embargo, mientras se aclara el panorama político, hay varios factores a tener en cuenta este año y que, como explica Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP (Federación de Asociaciones en defensa Sanidad Pública. Sanidad), “la amenaza al sistema sanitario público continúa, pese a las paralizaciones”.
Sigue la privatización encubierta
A principio de 2014 el TSJ madrileño paralizó el proceso de privatización de seis hospitales de esta comunidad autónoma. Pese a que la noticia se recibió como un éxito por los responsables de la marea blanca, entidades en defensa de la sanidad pública como CAS Madrid avisaron que el proceso no se había parado. A lo largo del año 2015 se espera que continúen en Madrid las concentraciones de servicios (laboratorios, radiología, pruebas diagnósticas…) en manos de empresas privadas. Además, este año, está previsto que se implementen y desarrollen las denominadas unidades de gestión clínica”, algo que algunos ven como una puerta a la privatización de los profesionales que trabajarán y cobrarán por objetivos e incentivos.
Manifestación de la marea blanca contra los recortes en sanidad. FERNANDO SÁNCHEZ
Derivaciones
Dentro de ese proceso privatizador aparece en letras grandes el call center, el sistema de citaciones previas que el pasado 5 de abril volvió a ser adjudicado a la empresa privada Indra por dos años más. El Consejo de Gobierno de la CAM aprobó en su reunión del pasado 5 de abril la renovación por dos años (hasta 2016), el contrato para la prestación del servicio de citaciones médicas (el conocido vulgarmente como “call center”). Para Sánchez Bayle es el centro del proceso privatizador. “A partir de ahí se produce un trasvase sistemático de pacientes, de consultas externas, de pruebas diagnósticas, etc, de lo público a lo privado y financiado con dinero público”, asegura. El presidente de FADSP explica que con este sistema “se crea un círculo vicioso, tú derivas los pacientes al sector privado y tienes que pagarles más dinero por lo que tienes menos recurso para el sistema público. Además, los pacientes que no van al sistema público hacen que haya una menor utilización y dan la coartada para disminuir los servicios, el personal, etc…”.
Exclusión sanitaria
2015 será el tercer año en el que se aplicará el Real Decreto 16/2012. Más allá de las implicaciones para el sistema (de las que más adelante hablaremos), el artículo 3 establecía que “la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. Tres años más tarde la exclusión sanitaria continúa y cada cierto tiempo aparecen inmigrantes con patologías que no son tratadas e incluso muertes. El miedo hace el resto y excluye a una gran parte de la población de la asistencia gratuita.
Ébola y Hepatitis C
La Organización Mundial de la Salud ya ha anunciado que durante 2015 continuará la epidemia de ébola en África. Mientras tanto el hospital Carlos III, hospital de referencia para tratar este tipo de epidemias infecciosas sigue desmantelándose. De hecho, la empresa tiene hasta principios del mes de agosto para acabar las obras de remodelación de la hospitalización (plantas tercera, cuarta, quinta y sexta) para convertir este hospital en un centro de atención para pacientes de media o larga estancia. El hospital militar Gómez Ulla se presenta como la alternativa, pero aún no se conocen los detalles de la adaptación de un centro tan grande.
Copagos y recortes: Tras cinco años consecutivos de recortes las carteras de servicio están siendo modificadas. Aunque aún se han sacado de ellas pocos servicios, la ley permite recortarla aún más, lo que podría provocar agravios comparativos entre comunidades autónomas. Además, el RD 16/2012 establece copagos en farmacia hospitalaria, transporte, dietas y ortoprótesis.
Y una oportunidad:
Devolver a manos públicas los servicios privatizados
Pese a este panorama, los defensores de la sanidad pública confían en que las elecciones autonómicas y generales traigan un cambio que permita revertir el proceso privatizador. Sánchez Bayle incluso marca una hoja de ruta: “Lo primero que habría que hacer es detener la derivación continuada hacia el sector privado, es decir, volver a asumir las citaciones desde los recursos públicos. Después, estudiar todos los contratos que se han hecho y exigir el cumplimiento de todos los centros, ya que la mayoría de las empresas no cumplen esos contratos. Lo tercero es hacer un plan escalonado de recuperación de los centros privados, habría que mirar caso por caso y en algunos no sería muy caro, en pocos meses hay que recuperar el primer hospital”.
Paralelamente en el País Valenciano, la oposición está estudiando las fórmulas más adecuadas para rescindir el contrato con las empresas que gestionan hospitales públicos privatizados. Los incumplimientos de contrato y las posibles irregularidades pueden ser la puerta abierta para devolver la gestión a manos privadas. En 2018 se acabará el primer contrato, el del Hospital de Alzira, y los grupos de PSPV, IU y Compromís ya han anunciado que si gobiernan no se prorrogará.
Fuente: www.casmadrid.org
