ABEL RIVERA.
“Vivo en la Calle Pan y Toros. Desde hace varios años están instaladas, entre el número 3 y 9 de dicha calle, tres casas de apuestas en un espacio de apenas 50 metros. Desde que empezaron su actividad, todo ha sido ruido, consumo de alcohol en la calle, menudeo de drogas, incluso padres que acuden con sus hijos en carrito y les dejan fuera para poder entrar y apostar. A todo ello se une que hay un colegio de Secundaria a escasos 100 m. Lo que era una convivencia tranquila y segura entre los vecinos se ha tornado en una degradación de la zona y un deterioro de la convivencia en todos los ámbitos. Quiero pedir al concejal presidente su colaboración para poder restablecer la convivencia anterior y mediar para erradicar de nuestro barrio una de las lacras más importantes de nuestros tiempos: la afición al juego y posterior caída en la ludopatía, así como todas las nefastas consecuencias que acarrea.”
A la atención de Abel Rivera, decirte que la actividad de juego en la Comunidad de Madrid es una actividad empresarial reglada, sujeta a autorización previa, en la que los poderes públicos ejercen sus competencias en materia de control, y que tiene unas características intrínsecas que hacen necesaria una intervención por parte de la Administración que establece mecanismos que den seguridad a las personas participantes en los juegos, que garanticen la protección a las personas menores de edad y a aquéllas que lo necesiten por motivos de salud, y que permitan velar por el orden público en el desarrollo de los juegos.
La preocupación de la Comunidad de Madrid en esta materia es la protección de los menores y de aquellos colectivos de la población más vulnerable a la práctica de estas actividades. La potencial incidencia del juego sobre bienes jurídicamente protegidos por nuestro ordenamiento, como son la salud pública y el orden público, así como la prevención del fraude y la seguridad de las personas usuarias de los juegos, son razones de interés general que no solo justifican, sino que hacen imprescindible la intervención de los poderes públicos sobre la actividad de juego a través de la realización de una planificación que limite el número de las autorizaciones de apertura y funcionamiento de los establecimientos a fin de conseguir una sociedad más saludable, informada y segura.
Tratamos de combinar un bien supremo, como es la protección de los menores y los vulnerables, con la libertad de empresa, que es una de las bases de nuestro Estado de derecho, garantizando la seguridad jurídica de la actividad económica. Además, los propios expertos en adicciones nos dicen que la ludopatía, junto al acceso libre a internet y a los videojuegos y pornografía, son problemas graves. Para combinar protección a vulnerables y libertad de empresa, lo que hacemos es regular la actividad. Nos tomamos en serio las problemáticas sociales, y más cuando hay personas vulnerables y menores por medio, pero también garantizamos la libertad de empresa, la libertad de un tipo de negocio que no es ilegal y que no busca la destrucción de la sociedad.
