El principio básico en el que tenemos que apoyarnos es que los poderes públicos como garantes de la igualdad efectiva de los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente en el ejercicio de los mismos ante las propias Administraciones públicas, han de ser los primeros que contribuyan a incorporar y facilitar entornos y prácticas accesibles en sus relaciones con la ciudadanía, y especialmente con las personas con discapacidad.
Muchas veces las personas con diversidad funcional encontramos verdaderas barreras en nuestra relación con la Administración que nos hacen desistir de cualquier beneficio al que podamos optar para nuestra accesibilidad y mejora de calidad de vida. Pocos llegan hasta el final.
En los momentos que estamos pasando nos ponen límites para la presentación de solicitudes. La Administración está bloqueada, y el poder presentar los documentos se hace bastante cuesta arriba.
Sabemos que estamos en el siglo XXI y todo está comunicado, creemos que la Administración sabe perfectamente todos nuestros datos, y nos hacen realizar trayectos innecesarios para muchos de nosotros que tenemos verdaderas dificultades de movilidad.
Para la presentación telemática no todas las personas tienen las mismas condiciones de acceso, y además las fechas que tenemos para presentar la documentación en meses de casi inactividad (agosto)… Son muchas las dificultades: da la impresión de que no se tiene el suficiente interés en que estas ayudas sean realizadas. Es un despropósito.
Muchas son las leyes que reflejan que la Administración tiene que facilitar estos trámites, sobre todo a personas con discapacidad… La Disposición Final Quinta de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad; artículo 4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE 15/04/1997). En cumplimiento de esta previsión se dictó el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
En la Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, todas las especificaciones de la misma serán de aplicación en todas las oficinas de atención al ciudadano, en los servicios de atención al ciudadano, los impresos y cualesquiera otros medios comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 336/2007.
Muchos son los artículos que reflejan las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. Quiero dar una importancia relevante al art. 7 de la orden: se debe promover la integración de los servicios de atención, implementando el sistema de “ventanilla única de servicios”, para evitar desplazamientos y facilitar las gestiones administrativas.
Las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación de esta orden ministerial serán exigibles antes del 4 de diciembre de 2012 conforme a un calendario de adaptación gradual de las Oficinas de Atención al Ciudadano elaborado por la Secretaría General para la Administración Pública —que será objeto de actualización y seguimiento periódico—, de acuerdo con la previsión de la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
Dicho todo esto, reivindicamos la obligación de la Administración pública a facilitar en todo momento a las personas con diversidad funcional los trámites, y no podemos consentir cómo las personas más vulnerables y que necesitan más ayudas por su dependencia queden fuera del sistema por culpa del mal funcionamiento de la Administración, y el caso más importante es el “fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad, a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social (2020), anunciado por la Comunidad de Madrid.
Esperemos que la Administración tome nota, dada la importancia de estas ayudas para conseguir más autonomía personal para todas las personas con diversidad funcional.
AMIFIVI (Asociación de Personas con Discapacidad del Distrito de Villaverde)
