Pacientes con diabetes
Me dirijo a Vds. Como vecina del Distrito y como paciente con diabetes tipo 1 atendida en la sanidad pública, adscrita al Centro de Salud los Ángeles.
Las personas con diabetes tipo 1 tenemos reconocido por normativa el acceso a sensores de medición continua de glucosa, una herramienta básica, no un lujo, para poder controlar la enfermedad y evitar hipoglucemias o hiperglucemias graves. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que recogen los papeles. Los retrasos en la entrega de estos sensores son constantes. No llegan a tiempo, no se avisa y no se da información. Cuando acudimos al centro de salud nadie sabe nada o nos derivan al hospital. En el hospital ocurre lo mismo: desconocimiento, falta de respuestas y ninguna asunción de responsabilidades. Se nos dice que la empresa concesionaria encargada del suministro tiene problemas, pero ahí se acaba toda explicación.
El resultado es inaceptable: pacientes que se quedan sin sensores durante semanas, ya estamos en la tercera, con el consiguiente deterioro del control de su diabetes y el aumento del riesgo para su salud. Todo ello en una enfermedad crónica que exige un seguimiento continuo y riguroso. Esta situación no es un hecho puntual ni un error aislado, sino un síntoma más del progresivo abandono de la sanidad pública: se externalizan servicios esenciales, se diluyen responsabilidades y al final quienes pagan las consecuencias somos los pacientes. Escribo esta carta para visibilizar una realidad que muchas personas desconocen y para reclamar algo tan básico como que la sanidad pública funcione, que se cumpla la normativa y que se garantice una atención digna a quienes dependemos de ella para vivir
Genoveva Calatayud
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Protesta de una madre
En el CEIP público Ausiàs March se ha convertido en rutina sacar a los alumnos de quinto y sexto al patio durante la hora de comedor incluso en días de fuerte lluvia. Una decisión tomada desde la dirección del centro que, curiosamente, nunca se aplicaría a adultos: nadie aceptaría trabajar a la intemperie “porque toca”.
Que esto ocurra en un colegio público de un barrio obrero no es un detalle menor. A la infancia de clase trabajadora se le sigue exigiendo aguantar lo que no se exigiría en otros contextos, como si su bienestar fuera siempre negociable. Esta forma de violencia cotidiana, normalizada y administrativa recuerda inquietantemente a la pregunta que planteaba la película ¿Quién puede matar a un niño?: no hace falta un daño explícito cuando el sistema repite que el malestar infantil importa poco.
A esta situación se suman las cuidadoras y monitoras, también obligadas a permanecer bajo la lluvia, precarizando aún más un trabajo de cuidados feminizado y escasamente reconocido. Infancia y cuidados, otra vez, en el último lugar de la fila.
No es sobre sobreproteger, sino sobre aplicar sentido común, dignidad y empatía. Exactamente lo que los adultos exigimos para nosotros mismos.
Lorena Durán
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