RMI: TU DERECHO
La iniciativa ciudadana RMI: Tu Derecho considera que la evolución de la gestión de la prestación en 2017 ha sido muy negativa y nos aleja más de los objetivos marcados por la Ley de Renta Mínima de Inserción, tras la insuficiente mejora de 2016.
Desde febrero de 2017 hubo clara tendencia a la disminución del número de familias perceptoras de RMI: en diciembre de 2017 fueron 729 menos que en diciembre de 2016 y 1.048 menos que en enero de 2017. Además, se ha hecho uso abusivo y arbitrario de las suspensiones cautelares del cobro de la prestación, dañando a las familias afectadas: han sido 3.525, un 47% más que en 2016. Asimismo, se ha restringido la concesión de RMI: en 2017 se han tomado más resoluciones iniciales que en 2016, pero las resoluciones de concesión han sido 2.270 menos.
RMI: Tu Derecho pide a la Consejería de Políticas Sociales y Familia una explicación. ¿Por qué este cambio de rumbo respecto a 2016 si no ha habido cambios normativos? Esperamos que nadie caiga en la tentación de presentar la disminución de las familias perceptoras de RMI como “feliz” consecuencia de una disminución de las necesidades sociales, cuando en la región hay muchas más personas en pobreza severa que beneficiarias de la RMI.
En 2017 se han utilizado prácticas y criterios de gestión más restrictivos y a veces arbitrarios o irregulares, con el implícito objetivo político de limitar el número de prestaciones y el presupuesto ejecutado. Éste aumentó un 32% en 2016 y solo un 5% en 2017, pero además la nómina de diciembre de 2017 ya fue casi 200.000 euros menor a la de un año antes, mientras que la de enero de 2017 había sido casi tres millones de euros superior a la de enero de 2016.
La plataforma denuncia también las dificultades de las familias para obtener información y asesoría para responder adecuadamente y a tiempo a los requerimientos de la CAM, que descarga esa tarea sobre los centros de Servicios Sociales municipales, desbordados en estos momentos porque el Gobierno de España no permite a los ayuntamientos contratar trabajadores sociales. Por ende, los servicios gestores de la RMI en la CAM ignoran con frecuencia las consultas y los informes sociales procedentes de los centros.
Exigimos a la Comunidad de Madrid que proteja y difunda el derecho a la RMI, que ponga servicios de apoyo a las personas solicitantes, que facilite la labor de los centros de Servicios Sociales, que mejore la normativa atendiendo a las propuestas razonables hechas desde la sociedad. Exigimos al Gobierno de España que cancele toda limitación a la contratación de trabajadores sociales, servicio esencial en una sociedad tan desigual como la actual. Y pedimos a los alcaldes de los municipios de la región que tomen cartas en el asunto, que no se resignen al derrumbe de los Servicios Sociales, que protejan y escuchen a sus vecinos y que no permitan que desde la CAM se desprecie e ignore a las trabajadoras sociales.
