Desde la fondos buitre queremos denunciar públicamente la ejecución del desahucio de una mujer de 65 años y de dos menores de edad a su cargo, víctimas de violencia de género, en el distrito de Villaverde el pasado 14 de enero.
Foto: Andrés (vecino de Villaverde)
Este hecho no es solo una tragedia personal; ha sido la evidencia del fracaso de un sistema que no ha sido capaz de proteger a quienes más lo necesitan ni garantizar unas necesidades materiales básicas.
Los hechos son aún más indignantes cuando se tiene en cuenta que:
— Estos menores han perdido a su madre, víctima de violencia machista.
— La persona que los alojaba —su abuela— subsistía con ingresos precarios (alrededor de 600€ mensuales) y sin recursos suficientes.
— Durante largos meses no han recibido ayuda por parte de ninguna institución para poder afrontar esta situación y se han visto totalmente desprotegidos, sin que se haya implementado una respuesta integral por parte de las Administraciones competentes que evitara este fatal desenlace.
Cuando una mujer en situación de vulnerabilidad, con ingresos mínimos y con menores a su cargo, es expulsada de su vivienda sin una alternativa digna, no estamos ante un problema individual, sino ante un fallo estructural. El sistema ha fallado por partida doble. Por un lado, por la desprotección de los servicios sociales hacia dos menores cuya madre fue asesinada a manos de su pareja (menores que ni siquiera reciben ayuda para el comedor escolar). Y, por otro lado, por la falta de voluntad política para evitar que esta vivienda acabe tapiada, deshabitada y una familia en la calle. Precisamente, esta misma semana escuchábamos la noticia de cómo se proponía una exención fiscal a los rentistas.
Detrás de este fallo no hay un error puntual, sino una realidad estructural: la vivienda, lejos de ser tratada como un derecho, sigue siendo gestionada como una mercancía.
Fondos de inversión y grandes tenedores acumulan viviendas con fines especulativos sin importarles lo más mínimo la situación de las familias, mientras familias enteras viven bajo la amenaza constante del desahucio. Tanto es así que esta familia ni siquiera ha podido contactar con el fondo de inversión para conocer la deuda que le reclaman.
Del mismo modo, las Administraciones públicas, lejos de garantizar derechos y ofrecer protección, han demostrado su incapacidad para dar una respuesta coordinada y a la altura de la situación. La ejecución de este desahucio ha puesto de manifiesto cómo se prioriza el beneficio económico y la especulación frente a la garantía de derechos básicos, la protección de menores y la protección de víctimas de violencia machista.
Queremos señalar a los responsables de esta situación:
— Al Juzgado de Primera Instancia nº 100 de Madrid, por haber ejecutado la orden de lanzamiento sin considerar la situación de vulnerabilidad de la familia, siendo de especial gravedad la ausencia de la abogada de oficio durante la ejecución, lo que hizo imposible cualquier negociación con la comisión judicial.
— A las distintas Administraciones públicas, por no haber activado medidas efectivas, debido a la privatización de recursos, la falta de personal y la burocratización de los procedimientos de atención a las familias más vulnerables. También por la falta de recursos habitacionales dignos y de mecanismos que impidan desahucios en situaciones críticas como ésta.
— A los fondos buitre, como Circleville SL, que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las familias para seguir acumulando capital.
Por último, hacemos un llamamiento a la unidad vecinal. Ante la indefensión que genera este sistema, solo mediante la organización y la lucha colectiva se pueden revertir este tipo de situaciones frente a unas instituciones que han demostrado ser incapaces de garantizar un derecho básico como es el derecho a la vivienda.
En el caso concreto de esta familia, os emplazamos a poneros en contacto con la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde (launidaddevillaverde@gmail.com), ya que estamos en contacto con ellos para conocer sus necesidades más inmediatas y poder ayudarles.
Y, en términos generales, os animamos a participar y organizaros dentro del movimiento vecinal para luchar por una vivienda digna y asequible, para que ningún vecino ni vecina tenga que volver a pasar por una situación tan penosa como la vivida estos días en Villaverde.
La vivienda es un derecho. Ni un desahucio más.
