Un repaso ‘de inicio de curso’ a la situación actual del problema de la vivienda en nuestro distrito
PAH VILLAVERDE
Llega septiembre y volvemos al trabajo con la seguridad de encontrarnos otra vez con el problema de la vivienda tal como lo habíamos dejado: desahucios pendientes de ejecutar, familias que no saben cómo seguir pagando su hipoteca o alquiler, etcétera.
A pesar del optimismo reinante, la supuesta recuperación económica que nos quieren vender no ha llegado a la mayoría de las familias de nuestro distrito. El desempleo sigue campando a sus anchas y los puestos de trabajo que se están creando suelen ser de tipo temporal y precario, a veces por días u horas. Unos puestos de trabajo que solo sirven para bajar el número de desempleados en las estadísticas, pero que no permiten a muchas familias llegar a fin de mes.
Esta situación la estamos viendo todos los días cuando acuden a nuestras asambleas (todos los martes a las 18:30 en la calle Diamante, 35, Villaverde Bajo) cada vez más familias que, aunque esté una persona trabajando, no consiguen vivir de forma mínimamente digna y al mismo tiempo seguir pagando su alquiler o hipoteca. ¿Cómo se puede vivir cobrando sueldos de 700 u 800 euros y al mismo tiempo pagar unos alquileres cuyos precios se han disparado de forma injustificada por encima de los 600 euros? Para no hablar de las cientos o miles de familias que siguen sobreviviendo con subsidios de 426 euros o con una Renta Mínima que como mucho puede llegar a 700 euros.
También hemos detectado un claro cambio de la tipología de los desahucios que se están ejecutando: hemos pasado de tener una gran mayoría de demanda por impago de la hipoteca, al principio de la crisis, a que ahora la gran parte de los desahucios sean por ocupación o por impago de alquiler. Tampoco es una sorpresa: muchas de las familias que fueron en su día desahuciadas por no poder seguir pagando la hipoteca al haber perdido su trabajo no pudieron encontrar otra opción que no fuera la ocupación (o “recuperación”, como solemos llamarla) de viviendas vacías de bancos y entidades financieras. La ocupación para estas familias no ha sido una opción o una alternativa habitacional, ha sido la única opción vital que les quedaba a quienes han sido empujadas a la miseria por los mismos que han provocado esta crisis. Por eso seguimos repitiendo que hay que distinguir entre quienes se ven obligados a ocupar por razones económicas y quienes utilizan las viviendas de forma mafiosa para realizar sus negocios o chanchullos ilegales, creando muchas veces problemas de convivencia en las comunidades de vecinos.
Este problema de emergencia habitacional es una pescadilla que se muerde la cola, y no va a tener solución hasta que no haya una verdadera política de vivienda; es decir, hasta que no se tomen medidas reales y concretas para que haya un parque de viviendas públicas que ofrezca a las miles de familias que actualmente están en lista de espera la posibilidad de poder pagar un alquiler acorde a sus posibilidades e ingresos. Hay que recordar que España (y Madrid en particular) es uno de los países con menos porcentaje de viviendas públicas de toda la UE. Y tampoco olvidemos que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, en ese momento ambas en manos al PP, se dedicaron a vender miles de viviendas sociales a fondos de inversión justo cuando más se iban a necesitar.
Sobre la labor del nuevo Gobierno municipal hay que admitir que las relaciones han cambiado sustancialmente, y ahora en nuestro distrito trabajamos en contacto directo con la Junta y los Servicios Sociales para intentar parar desahucios y buscar soluciones para las familias afectadas; pero no es suficiente: no hay viviendas disponibles para realojar a estas personas y hay una lista de espera en la EMVS que ya supera las 14.000 familias, por lo tanto los planes del Ayuntamiento de construir en los próximos años unas 4.000 viviendas sociales no solucionan el problema. Lo que exigimos a las Administraciones locales es que utilicen toda su capacidad de presión para que los bancos y entidades financieras accedan a que parte de sus más de 150.000 viviendas vacías que tienen en Madrid sean puestas a disposición para alquileres a precios reducidos.
Es de miserables que, frente a la desesperación de muchas familias por no encontrar un techo para sus hijos y a la situación de miseria y exclusión social existente, los bancos y entidades financieras (algunas públicas como la SAREB) prefieran mantener cerradas sus viviendas para seguir especulando mientras se forran con miles de millones de ayudas públicas. Ésos son los verdaderos parásitos de esta sociedad.
Por último, pero no menos importante, hay que recordar que antes del verano entregamos en la Asamblea de Madrid una proposición de Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid avalada por casi 77.000 firmas y que, de acuerdo al art. 47 de la Constitución (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.”), propone regular y mejorar el acceso a la vivienda para todas las personas además de proteger de cortes de suministros a los hogares que están en situación de vulnerabilidad. Estaremos pendientes de lo que hagan los partidos políticos cuando se llegue a debatir esta proposición de ley en la Asamblea de Madrid: entonces cada uno decidirá si de verdad está allí para defender los intereses de las personas o los de los bancos y entidades financieras.
Hay muchas vidas en juego, y por ello seguiremos nuestra labor al lado de las familias que sufren para conseguir un techo donde vivir, presionando tanto a entidades financieras como a Administraciones locales para que se encuentren soluciones para permitir que toda persona pueda disfrutar de una vivienda y de una vida dignas.
