Según el informe ‘Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+’, más de la mitad del alumnado ha sufrido algún tipo de acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria
A pesar de los avances normativos alcanzados en los últimos años, la educación en diversidad sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro sistema educativo. Frente a esta realidad, la Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca, ha presentado el informe Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+, un exhaustivo análisis sobre la integración de la diversidad afectivo-sexual, de género, corporal y familiar en los centros educativos, así como sobre el desarrollo y la implementación de políticas públicas inclusivas en las distintas comunidades autónomas.
Este análisis cobra especial relevancia tras la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, que establece un marco normativamente sólido y posibilista para impulsar políticas educativas inclusivas. Sin embargo, como evidencia el informe, la aprobación de una ley no garantiza por sí sola su correcta aplicación: es necesario evaluar cómo las comunidades autónomas han desplegado medidas concretas, desde protocolos contra la discriminación hasta programas de formación del profesorado o iniciativas de sensibilización dirigidas al alumnado y sus familias.
El estudio revela que, aunque prácticamente todas las comunidades autónomas cuentan con leyes o protocolos para proteger al alumnado LGTBI+, su aplicación efectiva es desigual. Según la Encuesta Estado LGTBI+ 2025, el 41,9% de las personas LGTBI+ ha alcanzado estudios universitarios, un 25,09% cursó Bachillerato o Formación Profesional de grado superior, un 23,71% completó educación secundaria y menos del 1% no tiene estudios. Sin embargo, los datos muestran desigualdades importantes dentro del colectivo: casi un 6% de las personas no binarias no ha completado estudios, y un 21% de los hombres trans no superó la educación primaria. “Estos datos evidencian que, pese a los avances, persisten barreras educativas significativas para ciertos grupos dentro del colectivo LGTBI+, especialmente para las personas trans y no binarias”, subraya María Rodríguez, responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+.
La visibilidad en el ámbito educativo sigue siendo limitada. Más del 60% de las personas jóvenes LGTBI+ se sienten visibles con amistades cercanas, pero solo un 25% lo son con sus compañeros de instituto y un 21% en la universidad. Entre las personas de 18 a 24 años, un 18,2% permanece invisible, y un 40% asegura no haber podido expresarse tal como es durante su etapa educativa. En cuanto a la violencia y el acoso, el 21,2% de los incidentes de odio y discriminación ocurre en centros educativos, y más de la mitad de las personas jóvenes ha sufrido acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria. “La familia sigue siendo el principal detector de estas situaciones, mientras que las instituciones educativas aún no responden de manera suficiente”, añade Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
Contradicciones legislativas a nivel autonómico
El análisis territorial muestra además un panorama diverso y en ocasiones contradictorio. Como precedente, el informe Realidad del alumnado trans en el sistema educativo (2020) situaba a Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra a la cabeza en reconocimiento de derechos, mientras que Ceuta y Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias ocupaban los últimos lugares. Cinco años después, el mapa ha cambiado, detectándose avances significativos, como es el caso de Castilla-La Mancha. Algunas comunidades que entonces estaban a la cola han iniciado procesos legislativos, como Castilla y León, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid o la región de Murcia, han experimentado retrocesos en la aplicación de sus propias leyes, condicionadas por discursos políticos contrarios a la igualdad.
Este contraste evidencia una conclusión clara: el progreso no depende únicamente de los marcos normativos, sino de la voluntad política, la dotación de recursos y la capacidad real de cada comunidad autónoma para transformar la legislación en medidas efectivas. “Los marcos legales son necesarios, pero insuficientes. Lo que está en juego no es solo tener protocolos escritos, sino garantizar que en cada centro educativo el alumnado LGTBI+ pueda sentirse seguro, respetado y visible”, advierte Iglesias.
El informe constata también problemas comunes en todo el territorio como son la falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y una dependencia excesiva de iniciativas individuales o asociativas. Los programas de sensibilización, aunque abundantes, siguen siendo dispersos, lo que genera experiencias educativas muy diferentes entre centros y comunidades autónomas.
“La educación en diversidad no puede quedarse en buenas intenciones ni en documentos. Necesitamos que cada centro educativo aplique medidas concretas, que los equipos docentes estén preparados y que el alumnado LGTBI+ se sienta seguro y acompañado cada día”, subraya Iglesias. “Es imprescindible que las comunidades autónomas pasen de la teoría a la práctica y que exista un seguimiento real de los protocolos, porque sin evaluación no hay mejora posible. La igualdad educativa requiere compromiso institucional, recursos y responsabilidad compartida”.
Entre las recomendaciones, el estudio insiste en la necesidad de planes integrales de educación inclusiva, protocolos claros contra el acoso escolar y programas de formación continuada para docentes y familias. “Hemos avanzando legislativamente, pero la igualdad educativa solo se logrará cuando la normativa se transforme en prácticas efectivas en cada aula y campus universitario. Este informe evidencia la urgencia de pasar de los protocolos a la acción real y evaluable”, concluye Iglesias.
