Los presupuestos Generales del Estado 2015, presentados por el Gobierno de Rajoy, confirman los grandes recortes a los servicios sociales. A pesar del incremento de los impuestos, no corresponde una subida igual de las prestaciones sociales.
Son ya seis años consecutivos que el estado social sufre depredaciones. Parecen lejos las épocad de la adquisición de los derechos sociales por los españoles. Los acuerdos tomados en los Pactos de la Moncloa en 1977, los principios sociales contenidos sucesivamente en la Constitución del 1978 y la voluntad inicial de los gobiernos democráticos de implementarlos, han dejado espacio, en los últimos años, a una política de austeridad.
El llamado estado de bienestar podemos dividirlo en dos períodos. El primero que va desde 1982 hasta el 2010, en el cual los gobiernos, unos más que otros, intentaron consolidar y ampliar el estado social. Pensemos en los presupuestos generales que ampliaron cuantías para sanidad pública y de calidad o la gratuidad de la educación o la revalorización de las pensiones de jubilación, viudedad, invalidez etc. o para las prestaciones por desempleo.
Por supuesto no faltaban carencias en el sistema: falta de protección para las familias, apoyo al empleo juvenil y mujeres, entre otros.El Gobierno de Zapatero fue uno de los pocos que implementó políticas para estas categorías: la ley contra la violencia de género, la ley de dependencia, las numerosas becas y ayudas para los jóvenes, son algunas medidas que fueron tomadas.
El segundo período es una consecuencia de la crisis económica. La Gran Recesión mostró toda la fragilidad de la estructura española: la mala gestión de los recursos, la burbuja inmobiliaria que causó tanto desempleo, además de la temporalidad de los contratos y grandes recortes de gastos sociales.
Las privatizaciones, el cierre de hospitales y salas de hospitalización públicos, recortes de personal e incremento de las horas de trabajo para el personal que ha quedado, junto con el aumento de contribuciones y pagos por los servicios, ha hecho que el servicio de salud haya perdido su calidad y carácter universal. Las pensiones, así como los salarios públicos y fondos destinados a la educación, incluidas becas, han sido recortados. El cuarto pilar del estado de bienestar, contenido en la Ley de Dependencia, sufrió un recorte de gastos además de la restricción del acceso y pérdida de retroactividad.
Hay que preguntarse cuál será el papel del estado de bienestar en un futuro próximo. Hay que plantearse, si con la recuperación económica no habría que devolver a los españoles una sanidad pública que muchos pueblos han envidiado junto con un sistema educativo que permita a los jóvenes estudiar para luego aplicarse a sus campos específicos, sin tener que emigrar a otros países.
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