HISTORIA DE VILLAVERDE
5.10.5. Depuración de los maestros (1936-1941)
Todo sistema político exige la legitimidad y aceptación del régimen que lo sustenta. Lo mismo durante la República como en el Estado franquista se utilizó la escuela como instrumento de transmisión de unos determinados valores políticos.
En la época de la Guerra Civil el maestro tuvo un papel protagonista en la sociedad española, ya que se le otorgó, en ambos bandos, una gran importancia como agente de socialización de las futuras generaciones, bajo unos principios ideológicos determinados, dependiendo del bando donde ejerciesen. La escuela se convirtió, por tanto, en el principal aparato de control ideológico.
Los maestros tenían que aplicar, estuvieran o no de acuerdo, el modelo educativo de cada bando. Al caer la República, los Gobiernos franquistas consideraron que ésta había dado un trato especial al maestro y le había impregnado de los ideales republicanos, por lo que necesitaban depurarlos para romper con el pasado y asegurarse unos profesionales dóciles y fieles a la nueva ideología.
El decreto de creación de las comisiones provinciales encargadas de la depuración del personal docente se publicó el 11 de noviembre de 1936. La mayoría de expedientes se produjeron desde ese año hasta 1943, aunque posteriormente hubo otros expedientes depuradores en las protestas universitarias de 1956.
Las comisiones depuradoras analizaban las conductas de los maestros desde la óptica ideológica, teniendo en cuenta su tendencia religiosa, profesional, social y moral. En consecuencia, la actuación profesional de dichos maestros se va a reducir a comportamientos políticamente correctos.
Si quería ejercer, o seguir ejerciendo, se le abría al maestro un expediente, analizando sus actuaciones políticas y religiosas. Su vida, en general, era sometida a un exhaustivo análisis de sus comportamientos públicos, privados, profesionales, etcétera.
El procedimiento seguido para la tramitación de un expediente de depuración era básicamente el siguiente: la persona interesada en continuar o incorporarse a la docencia debía solicitarlo mediante una instancia, acompañada de una declaración jurada de sus actividades políticas y sindicales antes y durante la guerra.
Recibida la petición, la comisión abría expediente y pedía información a la Guardia Civil, al alcalde, al cura y a un representante de los padres de la localidad, de absoluta adhesión ideológica, donde había ejercido. Si había cargos, el interesado tenía diez días para contestar a ellos con pruebas. La comisión valoraba todos los informes presentados y emitía una resolución elevada al Ministerio para su decisión final.
Los castigos, si había lugar, como resultado de las investigaciones solían ser: expulsión del cuerpo de maestros, traslado forzoso, suspensión temporal de empleo y sueldo, inhabilitación para el desempeño de cargos directivos e inhabilitación para ejercer la enseñanza (incluso la privada).
Se abrieron expedientes a los maestros (Archivo General de Administración Civil del Estado, A.G.A.) que habían ejercido en Villaverde, con el resultado que puede observarse en la tabla.
Hasta 1928, los expedientes no podían ser recurridos. A partir de dicha fecha se reconoce la posibilidad de recurso si se presentan nuevas pruebas.
Isabel Velasco Aguado (9-9-1941) y María Polo Juan (30-1-1942) presentaron la revisión de sus expedientes de depuración, pero sin resultado positivo, porque fueron confirmados los cargos y sanciones del primer expediente.
Se calcula que de los 61.000 maestros/as que había en España, 16.000 padecieron procesos de depuración. Unos 6.000 fueron separados de su oficio y otros 3.000 fueron apartados temporalmente porque había necesidad de ellos después de la Guerra Civil. El resto fueron trasladados o inhabilitados para cargo público.
Los maestros/as depurados de la provincia de Madrid fueron 2.597, entre los que se encontraban los 17 que ejercieron en Villaverde.
5.10.6. La mili en la posguerra
El servicio militar obligatorio (mili), desde la Guerra Civil, duraba dos años hasta 1968. A partir de esa fecha fue de 18 meses. En 1984 se rebajó un año. En 1991 era de nueve meses y en 2001 se suprimió.
Al final de la guerra se estableció una Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, el 8 de agosto de 1940. Estuvo vigente hasta el 27 de junio de 1968. Establecía un servicio militar obligatorio contando desde el momento de entrar en caja (el año que cumplían 20 años) hasta la licencia definitiva a los 44 años. El servicio activo se fijó en un máximo de dos años y el resto de los años a ser reservista.
Los jóvenes tenían que acudir al ayuntamiento de su localidad de nacimiento, donde se les tallaba y pasaban el reconocimiento médico, con lo que entraban en la caja de reclutas de su provincia si eran aptos para el servicio. Al año siguiente se les citaba para el sorteo de reclutas y conocer dónde les tocaba.
El rechazo al servicio militar fue una constante durante el franquismo. Los que se negaban a realizarlo eran declarados prófugos, con penas de prisión entre seis meses y seis años.
Los prófugos eran los mozos que, declarados soldados, querían esquivar el servicio militar antes de ingresar en caja. Para evitar la fuga o no presentación de algún mozo, la legislación establecía una serie de medidas, como la prolongación del servicio militar hasta cuatro años, el destino en África o penas de prisión de entre seis meses (1924) y seis años (1943).
Los familiares también eran objeto de una multa en metálico. Los que delataban a los prófugos tenían una reducción del servicio o una cantidad en metálico y los cómplices eran condenados a una multa de entre 100 y 500 pesetas.
Para los jóvenes ir al servicio militar representaba una ruptura en sus vidas, afectando negativamente a la economía familiar en una época de penuria.
Al no presentarse los jóvenes a la llamada del Ayuntamiento, en el acto de clasificación y declaración de soldados, ni sus familiares, ni alegar motivo alguno que se lo impidiese, la corporación municipal de Villaverde declaró prófugos a diez mozos del reemplazo de 1942, a catorce del reemplazo de 1946 y a uno en la convocatoria del 1 de febrero de 1954. Este último, con el nº 24 del reemplazo de 1954, llamado Antonio Riquelme Velasco, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 10 de marzo de 1954, libro 22, le fue quitada la nota de prófugo porque se había presentado voluntariamente unos días después. Tras pasar por el resultado de la talla y el reconocimiento médico se le clasificó como soldado útil para el servicio.
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