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El 3 de mayo fue el día mundial de la libertad de Prensa.
La ONU (Organización de Naciones Unidas) celebra anualmente días y semanas dedicadas cada vez a un tema.
España, según RSF (Reporteros Sin Fronteras), ocupa el puesto 29 en la relación de países con libertad de Prensa. A los lectores de Periódico Distrito de Villaverde puede parecerles chocante que nuestro país no figure entre los más libres, en relación con la Prensa, a juzgar por las noticias que leen en el periódico de su Distrito, donde no se omiten deficiencias y abusos. Por ejemplo, en el nº 150 de abril de este año se incluyen denuncias por falta de plazas en la enseñanza secundaria y por la precariedad de profesores en centros de enseñanza públicos, manifestaciones por una educación de calidad y por la igualdad, dificultades de aparcamiento en un barrio, estafas en alquiler de viviendas, etc.
En todas las ediciones de este periódico, además de tratar aspectos positivos del Distrito, no faltan voces que ponen al descubierto deficiencias por parte de la Administración, bien sea municipal, autonómica o estatal. En consecuencia, el lector puede concluir que la Prensa de su Distrito goza de libertad. Pero esa libertad se ve amenazada por lo que se dice a continuación.
Este año, la APM (Asociación de la Prensa de Madrid), con motivo del día de la libertad de Prensa, ha enviado a sus socios un manifiesto en el que, entre otras cosas, denuncia que “los poderes tratan de desligitimar el periodismo y descalificar el trabajo de aquellos periodistas que no se someten a sus dictados, impidiendo que cumplan su función democrática de servir a la sociedad”. El futuro que se avecina parece incierto, a la vista de las manifestaciones de los últimos días, que pueden derivar en un control de la Prensa, por parte de los poderes políticos y económicos.
La reflexión del ministro de Justicia sobre la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación (por ejemplo, la Prensa) que publiquen informaciones sobre investigaciones en curso, ha sido calificada de “barbaridad” por la PDLI (Plataforma de Defensa de la Libertad de Prensa). Un fiscal se ha sumado a la reflexión ministerial proponiendo sancionar a los periodistas que publiquen informaciones sobre esas investigaciones, a pesar del rechazo del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y de la FGE (Fiscalía General del Estado).
El artículo 197 del Código Penal ya contempla la idea de sancionar a los miembros de la Administración que revelen cualquier información sobre investigaciones en curso. No, a los periodistas que publican esas informaciones. Gracias a la Prensa, se ha conocido tanta corrupción: casos Gürtel y Pujol, desviación de fondos públicos que habían sido destinados al tercer mundo, los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), tramas Púnica y Lezo, papeles de Panamá y de Bárcenas, tarjetas black, etc.
Carlos Rodríguez Eguía
